La justicia española estudia una solicitud de extradición presentada por Argentina contra el ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, Ephraín Enrique Verdú Torrelles, en el marco de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas antigubernamentales de 2014.
La petición, actualmente en trámite ante la Audiencia Nacional, surge de una causa impulsada bajo el principio de jurisdicción universal en los tribunales federales argentinos y es considerada por organizaciones de derechos humanos como un posible avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas venezolanas.
Una investigación abierta en Argentina por los hechos de 2014
La causa judicial se inició en junio de 2023 a partir de una denuncia penal presentada por la organización InterJust contra 14 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Entre las víctimas representadas por la organización figura Geraldin Moreno Orozco, estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años, fallecida en febrero de 2014 en el estado venezolano de Carabobo mientras participaba en una manifestación. Según la denuncia, la joven fue asesinada por agentes de la GNB.
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Su madre, Rosa Orozco, ha encabezado durante más de una década los reclamos para que el caso sea investigado y juzgado.
“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune”, señaló Orozco. “Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”.
Cómo llegó la solicitud de extradición a España
Según informó InterJust, en febrero de 2026 el juez federal argentino a cargo de la causa emitió una orden de extradición tras recibir información que situaba a Verdú Torrelles en territorio español.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina remitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas. Un mes después, en marzo de 2026, el Consejo de Ministros de España autorizó la continuación del procedimiento, que actualmente se encuentra bajo análisis del Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 2 de la Audiencia Nacional.
La organización considera que el caso podría convertirse en una de las primeras oportunidades para que una persona investigada por los hechos ocurridos durante las protestas venezolanas de 2014 sea puesta a disposición de la justicia en un tercer país.
Desde la organización impulsora de la denuncia sostienen que la eventual extradición representaría un paso decisivo contra la impunidad de los responsables de violaciones graves de derechos humanos.
“Para las víctimas venezolanas, es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra ellas”, afirmó Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust.
La entidad instó a España a colaborar plenamente con el proceso y a conceder la extradición conforme a la legislación vigente para que Argentina pueda continuar el procedimiento judicial respetando las garantías procesales y el debido proceso.
Amnistía Internacional respalda el avance de la causa
Amnistía Internacional también se pronunció sobre el avance del caso y pidió a las autoridades españolas y argentinas que contribuyan a garantizar justicia para las víctimas venezolanas.
La directora para las Américas de la organización, Ana Piquer, señaló que los crímenes de lesa humanidad “deben remover la conciencia de toda la comunidad internacional” y traducirse en acciones concretas para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y otros crímenes contemplados por el derecho internacional.
La organización recordó que existen distintos mecanismos internacionales orientados a la rendición de cuentas, entre ellos la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela y los procedimientos impulsados bajo el principio de jurisdicción universal.
Asimismo, destacó que ha seguido desde 2023 las acciones judiciales emprendidas por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales ante los tribunales argentinos y consideró positiva la presentación formal de la solicitud de extradición ante España.
El papel de la jurisdicción universal en los crímenes internacionales
Amnistía Internacional subrayó que los Estados tienen tanto la capacidad como la responsabilidad de investigar y perseguir los crímenes contemplados por el derecho internacional cuando existan mecanismos legales para hacerlo.
En ese sentido, sostuvo que los avances registrados en la causa argentina refuerzan los esfuerzos para combatir la impunidad por las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela.
La organización también alertó sobre los riesgos que continúan enfrentando las víctimas, sus familiares y representantes dentro del país sudamericano, e insistió en la necesidad de garantizar su derecho a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición.
Además, reclamó el desmantelamiento de las políticas de represión estatal denunciadas por la organización, la liberación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y una reforma integral del sistema judicial venezolano.
Un proceso con impacto más allá de España y Argentina
La decisión que adopten las autoridades judiciales españolas podría tener repercusiones relevantes para los procesos de rendición de cuentas relacionados con las protestas de 2014 en Venezuela.
Para las organizaciones de derechos humanos involucradas, la eventual extradición de Verdú Torrelles constituiría una señal de cooperación internacional frente a las denuncias de crímenes de lesa humanidad y un precedente para futuras investigaciones impulsadas bajo el principio de jurisdicción universal.
