El origen de la polémica: un rescate de 53 millones bajo sospecha
En marzo de 2021, en plena crisis derivada de la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. El Gobierno justificó la inyección de 53 millones de euros de dinero público alegando el carácter estratégico de la compañía para la conectividad aérea con Latinoamérica, concretamente con Venezuela, Ecuador y Perú.
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José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, celebrando una victoria electoral en 2023.
Europa Press
Sin embargo, la operación despertó serias dudas en el sector y en el arco parlamentario. Plus Ultra era una aerolínea pequeña, contaba con una cuota de mercado mínima, operaba con apenas cuatro aviones alquilados y arrastraba problemas económicos previos a la crisis del Covid-19. Aunque las denuncias iniciales presentadas por el PP, Vox y Manos Limpias por malversación y prevaricación fueron archivadas al no hallar la Fiscalía pruebas suficientes, el escenario cambió por completo en 2024.
La Fiscalía Anticorrupción española recibió solicitudes de cooperación judicial desde Francia y Suiza, países que investigaban una red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos. Los indicios apuntaban a que parte del dinero público del rescate pudo haberse desviado para devolver préstamos ficticios y "limpiar" capitales procedentes de Venezuela a través de operaciones financieras simuladas.
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El "puente con ZP": las conversaciones que apuntalan la imputación
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha logrado reconstruir el rastro del presunto lobby político mediante mensajes y llamadas entre los implicados, situando las maniobras en marzo de 2020, incluso antes de que se creara formalmente el fondo de rescate.
El sumario desvela una estrategia coordinada para acceder a las altas esferas del Ministerio de Transportes. Los investigados hacían alusión a "tocar a Ábalos" y, posteriormente, a establecer un "puente con ZP" para facilitar la financiación. Los mensajes intervenidos resultan explícitos:
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Abril de 2020: Los implicados plantean "pedir ayuda a Zapatero" para ejercer presión política.
Mensajes clave: Uno de los textos intervenidos celebra que "acaba de hacerse el puente con ZP", mientras que en otro se afirma que se lograrán los objetivos "aunque sea pagando un poquitín".
Julio de 2020: Tras una reunión entre directivos de la aerolínea y Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, los implicados aseguraron haber sido recibidos por "altas recomendaciones". La respuesta de un directivo de la compañía, Rodolfo Reyes, fue contundente: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".
Pese a que las defensas alegan la ausencia de mensajes directos del expresidente, el juez instructor aclara en su auto que Julio Martínez Martínez —amigo personal de Zapatero y figura clave del caso— borraba "sistemáticamente" todas las conversaciones que mantenía con el exlíder socialista. Además, el exministro José Luis Ábalos llegó a asegurar que el expresidente se reunió con él y con su asesor, Koldo García, para abordar asuntos de la aerolínea, un extremo que Zapatero niega.
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"El banco del jefe": el entramado societario de Julio Martínez Martínez
El magistrado sitúa a Zapatero como el "vértice" de la organización, pero señala al empresario Julio Martínez Martínez como el operador financiero encargado de gestionar la red empresarial para ocultar el dinero de las presuntas comisiones ilícitas. En las escuchas telefónicas, otros empresarios del sector se referían a Martínez Martínez directamente como "el banco del jefe".
De acuerdo con los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), este empresario llegó a controlar hasta 39 mercantiles entre 2020 y 2024. La principal sociedad instrumental utilizada fue Análisis Relevante, una firma que carecía de empleados pero que facturaba importantes sumas de dinero a clientes como Plus Ultra.
La investigación judicial detalla tres vías principales de canalización de los fondos públicos y las mordidas:
1. Canalización directa
Plus Ultra realizó pagos directos a las empresas de Julio Martínez Martínez por valor de 598.910 euros. A su vez, Análisis Relevante transfirió 730.535 euros repartidos entre el propio Zapatero y la agencia de marketing de sus hijas.
2. Sociedades interpuestas
La red empleó firmas puente que recibían ingresos de la aerolínea y luego desviaban el capital a los entornos de la trama. Destacan Caletón Consultores SL (que cobró 1,16 millones de euros entre 2020 y 2025 de la aerolínea presidida por Julio Martínez Sola) y Summer Wind SL (que ingresó 3,98 millones de euros de Plus Ultra solo en el año 2023).
3. Compañías de terceros y contratos fantasma
La trama utilizó estructuras externas como Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos Domingo y Alfredo Amaro Chacón, caracterizada por registrar escasos ingresos y un altísimo volumen de gastos en proveedores. A través de esta vía, Análisis Relevante cobró 380.208 euros y la empresa de las hijas de Zapatero facturó 561.440 euros. Otra firma implicada, Softgestor SL, inyectó 145.200 euros a la firma del amigo de Zapatero, mientras que el Grupo Aldesa aportó otros 127.050 euros.
La implicación de la empresa de las hijas de Zapatero y los registros
La ramificación económica del caso afecta de forma directa al entorno familiar del expresidente. Zapatero reconoció públicamente haber ejercido como consultor para Análisis Relevante, percibiendo unos 70.000 euros anuales en concepto de informes geopolíticos, y admitió que propuso la incorporación de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a través de su agencia de comunicación, Whathefav SL.
La UDEF procedió al registro tanto de la sede de esta agencia de marketing como de la oficina privada del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz de Madrid. Durante las pesquisas policiales, los agentes intervinieron un documento de alta sensibilidad: un presunto contrato que estipulaba una comisión del 1% sobre el total del rescate de Plus Ultra a favor de Julio Martínez Martínez si las gestiones institucionales tenían éxito.
El juez sostiene que, siguiendo instrucciones del propio Zapatero, se diseñó una estrategia para constituir una firma interpuesta participada al 100% por otra sociedad de la red, Idella Consulenza Stratégica, con la finalidad de canalizar y camuflar ese 1% de mordida del rescate público.
Por su parte, el expresidente defiende la total legalidad de los ingresos, asegurando que se corresponden con trabajos reales de consultoría y negando cualquier tipo de mediación en la concesión de la ayuda estatal.
Conexiones internacionales: del petróleo venezolano al Hard Rock de Tarragona
El auto dictado por el magistrado José Luis Calama determina que la actividad de la presunta red criminal trascendía las fronteras españolas, extendiendo sus operaciones a países como Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos (con estructuras financieras en Dubái destinadas presuntamente a dificultar el rastreo del dinero).
El control de la trama sobre ciertos sectores económicos internacionales era de tal calibre que, según el instructor, cualquier operador comercial que pretendiese acceder a contratos de compraventa de petróleo de una corporación china con Venezuela debía "canalizar necesariamente la gestión" a través de la intermediación de Zapatero. El sumario incluye comunicaciones donde el administrador Domingo Amaro Chacón aborda de forma directa con Martínez Martínez estas operativas con el crudo venezolano.
Asimismo, los negocios de la red alcanzaron proyectos de infraestructuras en el ámbito nacional. La sociedad Idella Consulenza Stratégica firmó un contrato con el Grupo Aldesa en el que se fijaba una comisión del 3% si la trama facilitaba una oportunidad de negocio valorada en 2.000 millones de euros para la construcción del casino del Hard Rock en Tarragona. Aunque el juez señala que no consta la materialización definitiva de este proyecto, el documento evidencia el alcance de la agenda de contactos de la organización.
La comparecencia como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero el próximo mes de junio marcará un hito en la historia judicial española, siendo la primera vez que un expresidente del periodo democrático se enfrenta en la Audiencia Nacional a cargos penales por organización criminal y tráfico de influencias.
