De ser juzgada, la esposa de Pedro Sánchez sólo se enfrentaría a un único jurado popular: nueve ciudadanos decidirían sobre su culpabilidad
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, ha acordado acumular en una sola pieza toda la causa judicial abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La decisión se produce tras la orden de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 3 de octubre, que dio la razón a la defensa de Gómez.
Con esta resolución, el juez agrupa la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos, conformando así un
La unificación del procedimiento judicial —conocido ya como el caso Begoña Gómez— se da en el marco de una instrucción que se inició en abril de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias.
Dicha denuncia acusaba a Gómez de haberse beneficiado de su posición como esposa del presidente para influir en adjudicaciones públicas a favor de empresarios como Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa.
A raíz de nuevas querellas presentadas por Vox, la investigación se amplió e incluyó la presunta utilización indebida del registro de un software vinculado a una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde Gómez ejercía funciones directivas, y la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, supuestamente con fondos públicos.
Begoña Gómez
Peinado llegó a dividir el caso en varias piezas, separando los delitos, pero la Audiencia de Madrid corrigió esta decisión, al considerar que las distintas actuaciones investigadas están "íntimamente entrelazadas", en especial los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación, lo que hacía necesario su tratamiento conjunto.
Además, el magistrado ya ha comunicado que, de llegar a juicio, el caso será juzgado por un jurado popular, dado que el delito de tráfico de influencias está incluido entre los que deben ser enjuiciados por ciudadanos, y no por un tribunal profesional.
FUENTE: El Observador