El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha decidido prorrogar seis meses más la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La causa, abierta en abril de 2024 tras una denuncia de la organización Manos Limpias, investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.
La prórroga de la instrucción, que se extenderá hasta el 16 de abril de 2026, se justifica por la existencia de “numerosas diligencias pendientes de resolver”, según se detalla en un auto del ijuez. Entre ellas se encuentran informes clave de la UCO de la Guardia Civil, así como documentación solicitada a diversas empresas tecnológicas y entidades académicas.
Diligencias pendientes y posible juicio con jurado popular
Entre las diligencias en curso destacan los informes requeridos sobre convenios de la Universidad Complutense de Madrid relacionados con el máster que codirigía Gómez, además de documentación procedente de empresas como Minsait, Google, Flat 101, Devoteam, Telefónica y Amazon. También se ha solicitado información a la Presidencia del Gobierno sobre los pagos realizados a una asesora vinculada con la esposa del presidente.
El juez también debe resolver la admisión de nuevas pruebas propuestas por las partes y definir el cauce judicial del proceso. En caso de llegar a juicio, los cuatro investigados —Begoña Gómez, Cristina Álvarez, Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín— serían juzgados por un jurado popular, dado el tipo de delitos atribuidos.
Una causa en expansión a pocos meses de la jubilación del juez
La investigación ha sumado nuevas líneas a raíz de querellas presentadas por las organizaciones Hazte Oír y Vox, que apuntan a posibles irregularidades en el registro de un software y en contrataciones vinculadas al entorno de Gómez. Ante esta creciente complejidad, la Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado unificar todas las diligencias en una sola pieza para evitar duplicidades y agilizar el procedimiento.
El juez Peinado, que se retirará en septiembre de 2026 tras alcanzar la edad de jubilación, reconoce en su resolución que será difícil culminar la instrucción en el plazo inicialmente previsto, lo que ha motivado la decisión de extender el proceso hasta abril del próximo año.
FUENTE: El Observador
