La defensa de Begoña Gómez pidió al juez Juan Carlos Peinado que reclame a la Presidencia del Gobierno todos los antecedentes relacionados con el personal que asistió a cónyuges de anteriores de presidentes del Ejecutivo.
La petición se enmarca en la causa en la que Gómez está imputada por presunta malversación ya que habría utilizado a la asesora que le contrató La Moncloa para que le resuelva asuntos privados.
En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó que se oficie a la Secretaría General de Presidencia para que informe sobre los nombramientos de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, detallando los puestos que ocuparon y las funciones que desempeñaban.
La solicitud fue presentada horas antes de lo que debía ser una nueva comparecencia clave en el proceso, en la que el juez Peinado debía comunicar a las partes que, de continuar adelante, la causa será juzgada por un tribunal del jurado.
Eso sería no solo por el delito de malversación —por el que ya se convocó una audiencia similar el pasado 27 de septiembre—, sino también por el resto de delitos atribuidos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
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Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado
Nuevo plantón de Begoña al juez Peinado
Pero ni Begoña Gómez ni su asesora Cristina Álvarez ni el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa, se presentaron finalmente ante el juez para ser notificados formalmente de esta decisión.
Fue su abogado, el exministro socialista Antonio Machado, quien se presentó a la audiencia.
Es la sexta vez que Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa.
La quinta vez optó por no acudir, quedando representada por su letrado. Fue el pasado 27 de septiembre, cuando el juez la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación --relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez-- sería juzgada por un jurado popular.
En aquella ocasión, la defensa se amparó en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado "no es indispensable".
