La defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar la investigación que dirige por la presunta malversación en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y sus actividades laborales a un eventual juicio con jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.
Así consta en el recurso de apelación en que la defensa ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho defiende que no hay indicios de que Gómez participara en el nombramiento de Álvarez "ni en el pago de emolumentos", por lo que descarta que haya cometido malversación alguna.
La defensa insiste en que no puede considerarse que la mujer de Pedro Sánchez, "que es una particular", sea una "funcionaria publica a los efectos de la comisión del delito de malversación". "Es indiscutible que como cónyuge del presidente del Gobierno ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas", añade.
Asimismo, sostiene que tampoco puede atribuirse un delito de malversación al resto de investigados en esta pieza separada: la propia Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que fue 'número dos' de Presidencia cuando se realizó el nombramiento de la asesora de Moncloa.
Pedido de Hazte Oír
Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que investigue el papel de Begoña Gómez en un presunto caso de malversación de caudales públicos a través del uso indebido de una asesora en el Palacio de La Moncloa.
En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, las acusaciones apuntan a que Cristina Álvarez, asesora nombrada en julio de 2018 para asistir a Gómez, habría desempeñado durante años "tareas privadas" en beneficio exclusivo de esta última, utilizando recursos del Estado para fines particulares.
Sospechas sobre el rol de Gómez y uso de recursos públicos
El documento sostiene que Gómez era "plenamente consciente" de la diferencia entre su agenda institucional y su actividad privada, y que "impulsó y dirigió de forma continuada un sistema para valerse del trabajo retribuido de Álvarez", lo que, según las acusaciones, configura una "malversación continuada".
Los denunciantes cifran el perjuicio económico para el erario público en 320.834 euros, correspondiente al salario recibido por la asesora entre 2018 y 2024. También se refieren al uso de bienes y servicios estatales como medios tecnológicos, personal logístico y recursos humanos.
Las acusaciones aseguran que Álvarez dedicó su jornada laboral oficial a actividades privadas en beneficio de Gómez, incurriendo así en un "aprovechamiento ilícito del tiempo de trabajo", sufragado por el Estado.
Solicitan nuevas diligencias y declaración de Pedro Sánchez
Además de investigar el patrimonio de Álvarez desde su designación, las acusaciones han pedido al juez que remita oficio a la Agencia Tributaria para obtener sus declaraciones de la renta entre 2018 y 2024.
Entre las diligencias solicitadas también figura la comparecencia como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para aclarar el conocimiento o posible consentimiento de la actividad de la asesora en Moncloa. Piden también la declaración de otros ex altos cargos de Presidencia, así como un careo entre Álvarez y el ex vicesecretario general Alfredo González.
FUENTE: El Observador
