La Guardia Civil ha remitido al juez un informe en el que analiza 121 correos que la asesora de Begoña Gómez se cruzó con la Universidad Complutense relacionados con acuerdos de la cátedra que ésta codirigía, si bien también incluye uno sobre la gestión de proveedores para la celebración de un congreso de esta formación.
Se trata de correos intercambiados entre el 16 de abril de 2021 y el 12 de junio de 2024 que tratan "fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra" de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en la Complutense y otros relativos a la relación "genérica y eminentemente administrativa" que mantuvo con este centro.
Algunos de estos correos -en los que la Fiscalía insiste en que no hay delito de malversación- fueron intercambiados entre Cristina Álvarez y el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, pero "en su mayoría participan también otros interlocutores", como representantes de empresas como Reale o La Caixa, o una directiva de la Cámara de Comercio.
El informe, se encuentra ya en la pieza separada en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga si Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos, se excedió de sus funciones como asesora con gestiones vinculadas a la vida privada y profesional de Begoña Gómez, y si hubo ambas imputadas incurrieron en presunta malversación.
Hacienda y el empresario recomendado
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado indicios de fraude de ley y discriminación en contratos adjudicados a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, que contaban con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El informe, remitido a la Fiscalía Europea, analiza dos contratos adjudicados por la entidad pública Red.es —encargada de proyectos de transformación digital— por valor de 8,3 millones de euros y financiados con fondos europeos.
Las adjudicaciones recayeron en la UTE formada por Innova Next (empresa de Barrabés) y la escuela de negocios The Valley, que presentó como aval cartas de apoyo firmadas por Gómez.
Posible fraude de ley
La IGAE cuestiona varios aspectos del proceso de adjudicación, entre ellos la evaluación técnica de las ofertas, que fue realizada por la mesa de contratación en lugar de un comité de expertos, lo que podría suponer un fraude de ley.
Además, considera que se produjo una actuación discriminatoria al tenerse en cuenta criterios no previstos en los pliegos, como los acuerdos con terceros o las propias cartas de recomendación.
Según el informe, estas cartas —salvo la mención de Microsoft— no implicaban compromisos formales, sino meras "manifestaciones de intenciones". Asimismo, se señala la falta de transparencia sobre cómo se puntuaron estos elementos y la inclusión de documentos anexos no aportados, como en el caso de Amazon, sustituido por una carta de una sociedad llamada Amazing.
La IGAE también denuncia irregularidades formales, como la ausencia de firma y metadatos en los informes técnicos, y el uso de criterios subjetivos para valorar el 40 % de la oferta, sin que se especificaran criterios objetivos de calidad.
El empresario Juan Carlos Barrabés
La Fiscalía Europea investiga
Este caso forma parte de una investigación más amplia de la Fiscalía Europea sobre presuntas irregularidades en contratos financiados por el Fondo Social Europeo. La causa, que inicialmente se tramitaba en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid a cargo del juez Juan Carlos Peinado, sigue con Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés como imputados.
Durante su declaración, Gómez afirmó que las cartas firmadas eran "cartas tipo", dirigidas a la Universidad Complutense de Madrid como parte de un procedimiento habitual de apoyo institucional, y que nunca supo el resultado final de las adjudicaciones.
FUENTE: El Observador
