La jueza Carmen Rodríguez Medel abrió un juicio oral contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por los presuntos delitos de fraude fiscal por 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, falsificación en documento mercantil y delito contable continuado, dando lugar al pedido de las acusaciones
En un acto dictado este lunes, la magistrada acordó la apertura de juicio oral de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y otros cuatro investigados, y dictaminó como órgano competente para la causa al Juzgado de lo Penal de Madrid.
La decisión se conoce en una jornada en la que la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo absolver al Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos en relación con González Amador.
El fiscal Garcia Ortiz, quien distribuyo los datos de González Amador entre la prensa oficialista, fue criticado por jueces y fiscales en el inicio del año judicial, hace dos semanas, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no asistió a la ceremonia ya que acusa el gobierno de Pedro Sánchez de ser impulsa la ofensiva judicial contra la pareja de Díaz Ayuso.
Se trata del caso vinculado a una filtración el 13 de marzo de 2024 de información sobre un presunto acuerdo entre la Fiscalía y González Amador en la investigación por los supuestos delitos fiscales.
En su escrito de acusación, el fiscal y el abogado del Estado pidieron tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental.
Mientras que la acusación que ejerce el PSOE y Más Madrid elevaba el pedido de pena a cinco años de prisión al incluir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.
En cuanto a González Amador, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito contra la Hacienda en relación al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020 en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil; y otro similar en relación al ejercicio 2021.
De igual modo, se le juzgará por un delito continuado contable.
La apertura de juicio se dicta poco después de que la jueza rechazara el intento de la defensa del novio de Ayuso de retrasar esta decisión hasta la resolución de los recursos interpuestos contra el procesamiento al no apreciar "causa para ello".
Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal. La investigación se centra en los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021.
También se le procesa por la presunta comisión de un delito de falsedad documental al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a pagar.
El pasado 24 de febrero, el novio de la presidenta regional se negó a declarar ante la magistrada por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de la pieza separada.
Una semana después la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigaran ilícitos penales distintos a los que se instruyen en la causa principal.
En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó haberlos ocultado través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.
La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", indicó la denuncia.
En 2022, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe se refería a dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
