Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que duplique la fianza al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con el juicio por la presunta filtración de información contra él.
En concreto, González Amador pide que la fianza pase de los 150.000 euros actuales a 300.000 euros, argumentando que los daños morales derivados de lo que considera un "relato político" han sido constantes.
En un escrito presentado ante el Supremo, la defensa de González Amador asegura que los perjuicios sufridos por él y su familia como consecuencia de la filtración se actualizan "diariamente" desde que el fiscal emitió un comunicado el 14 de marzo de 2024, en el que detallaba los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que investigaba su caso por delitos fiscales.
Desde ese momento, señala la acusación particular, diversas figuras políticas y medios de comunicación, incluido el ministro de Justicia, se han referido a González Amador como "delincuente confeso" o "defraudador confeso".
La defensa sostiene que la conducta del fiscal general del Estado ha provocado una "vulneración de los derechos fundamentales" de González Amador, lo que justifica una mayor indemnización por los daños morales sufridos.
El Tribunal Supremo deberá ahora valorar la solicitud de la parte demandante y decidir si modifica la fianza establecida en el caso.
La Apif recurre la decisión del juez de no suspender al fiscal general
También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -una de las acusaciones de la causa- ha recurrido ante la Sala para que suspenda cautelarmente al fiscal general.
El juez rechazó esta pretensión al señalar que existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa, que no contempla la del fiscal general, lo que a su juicio entiende como "un vacío legal", si bien envió su auto a la Inspección Fiscal para que, en su caso, resuelva lo que proceda.
Pero, para la asociación, el artículo del Reglamento que habla de la suspensión provisional de fiscales cuando se les abre juicio también es "aplicable" al fiscal general, y esta medida es, además, "imprescindible para garantizar el correcto desarrollo" del futuro juicio.
Porque, recuerda APIF, si García Ortiz sigue en su puesto, será el "superior jerárquico" del fiscal que intervenga en el juicio y, por tanto, "podría impartirle órdenes", lo que provocaría "una distorsión inaceptable" porque "actuaría al servicio del propio acusado".
Álvaro García Ortíz
FUENTE: El Observador
