Luego de que el Congreso tirara abajo el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno estuvo profundizado en la letra chica para judicializar esta norma. Sin embargo, pese a que finalmente Javier Milei no acudirá a la Justicia, estaría pensando en un plan B para no poner en marcha la misma.
La ley plantea, a grandes rasgos, el financiamiento estatal para el pago de Pensiones No Contributivas por Discapacidad (PNC), que equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio. También la actualización automática de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, una compensación de emergencia por desfase inflacionario y la regularización de deudas fiscales y de seguridad social de los prestadores, entre otros aspectos.
El Gobierno apuesta a que el Presupuesto 2026 "ordene" todo lo que genera esta norma, así como lo que podrían provocar -por ejemplo- la del financiamiento universitario, de la salud pediátrica o la moratoria previsional, en caso de que caigan sus vetos también. "Es la ley de leyes en donde podemos definir todo eso. Porque ley mata ley", precisó un funcionario al tanto de las negociaciones a El Observador.
Si bien en un principio los asesores legales del presidente habían instado a seguir el debate en la Justicia, en donde entre apelaciones podía llegar a estirarse su definición hasta la Corte Suprema, finalmente esto no será así. "Directamente, no vamos a cumplir con la ley", le dijo a este medio un ministro.
El Senado rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Senado rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Horas antes de que la Cámara de Diputados tirara abajo el veto a la ley, y horas después de que salieran a la luz los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno dio indicios de estar buscando alternativas. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno “está considerando” brindarle un aumento a todas las prestaciones destinadas a personas en situación de discapacidad.
"Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con 'curros' de muchos años", señaló el funcionario, y añadió: "Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos". La oposición, sin embargo, recordó que Nación ha prometido esto "cinco veces" en lo que va del año, pero siempre ha concluido en que "no hay dinero para financiarlo".
Discapacidad: los argumentos de Javier Milei y la oposición
El oficialismo parte del artículo 38 de la Ley de Administración financiera, el cual plantea que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". No existe un Presupuesto para el año en curso (se utiliza el del 2023) y la norma no especifica fuentes de financiamiento.
Además, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso comenta que la Ley 27.793 tendría un costo fiscal estimado de entre $2 y $4 billones por nuevas pensiones por discapacidad, más $12.600 millones por incentivos a la contratación, unos $278.323 millones para compensar a prestadores, y $7.160 millones para actualizar asignaciones de Talleres Protegidos. En total, el impacto sería de entre un 0,28% y un 0,51% del PBI.
Sin embargo, acudir a una vía judicial podría no haber sido una buena idea. Argentina ratificó a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 1° establece que se debe "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".
El abogado constitucionalista Diego Hernán Armesto señaló días atrás a este medio que "no se puede, bajo ningún concepto, judicializar una facultad constitucional que tiene el Congreso como es la insistencia de una norma". Esto está previsto en el artículo 83 de la Constitucional Nacional: "Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación".
A su vez, el diputado Daniel Arroyo, creador del proyecto original, explicó que el mismo "ha pasado por todo el camino reglamentario del Congreso" y "no ve forma de judicializarla". Aclaró que es el Estado quien deberá reglamentar la ejecución de la ley, a través de la Andis, como al momento de definir los requisitos de accesos a las pensiones por invalidez que su proyecto.
