Luego de 22 años, el Congreso volvió a tirar abajo un veto presidencial. Este jueves, el Senado logró con gran apoyo insistir con la Ley de emergencia en discapacidad a través de 63 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones. De este modo, obliga al Gobierno a promulgar la norma y Javier Milei ultima detalles de su denuncia.
Se trata de un revés histórico que golpea al oficialismo en pleno año electoral y con más luces verdes que las que hubo cuando se sancionó la norma. También tiene lugar en medio del escándalo por las supuestas coimas emitidas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), reveladas en los famosos audios del extitular de este organismo Diego Spagnuolo.
Rechazo al veto en discapacidad: cómo votó cada bloque
Los bloques que votaron a favor de insistir con la ley fueron: Unidad Ciudadana, UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Unidad Federal, Por Santa Cruz, Por la Justicia Social, Frente Nacional y Popular, Frente Renovador de la Concordia Social y la mayoría de los senadores del PRO.
Aquellos que se opusieron fueron todos los de La Libertad Avanza presentes y una sola del PRO. En detalle, fueron los legisladores Bartolomé Abdala (LLA), Carmen Álvarez Rivero (PRO), Ivanna Arrascaeta (LLA), Ezequiel Atauche (LLA), Bruno Olivera Lucero (LLA), Juan Carlos Pagotto (LLA), Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso). A su turno, se ausentaron Antonio Rodas (Frente Popular y Nacional) y Vilma Vedia (LLA).
El Senado rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Senado rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Finalizado este debate, el Senado se prepara para tratar una modificación al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), otra mala noticia para el oficialismo, que hizo de los decretos un mecanismo de subsistencia política.
Qué plantea la Ley de Emergencia en Discapacidad
Esta norma, repudiada por el Gobierno nacional, en primer lugar plantea el financiamiento estatal para el pago de Pensiones No Contributivas por Discapacidad (PNC), que equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio. También la actualización automática de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.
Propone, en este sentido, una compensación de emergencia por desfase inflacionario, la regularización de deudas fiscales y de seguridad social de los prestadores, el mantenimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y también el sostenimiento de ciertos niveles de transparencia y rendición de cuentas.
Debido a que afectaría al plan económico nacional de déficit cero y la Ley de Administración financiera, desde Casa Rosada, insistieron en que judicializarán la norma. "Ha pasado por todo el camino reglamentario del Congreso, no veo formas de judicializarla", explicó el diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto, a El Observador.
