La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS) y número dos del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado al alto tribunal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del presunto delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito, Sánchez Conde argumenta que los hechos no constituyen delito, por lo que procede la "libre absolución" de García Ortiz, con todos los pronunciamientos inherentes a la misma.
La fiscal ha solicitado también que la Sala de lo Penal del Supremo cite como testigos en el juicio que se celebrará próximamente contra García Ortiz a González Amador, su abogado Carlos Neira, y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Además, solicita la comparecencia de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal de delitos económicos, Julián Salto; y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entre otros testigos.
El orígen de la filtración
El caso tiene su origen en la filtración, el 13 de marzo de 2024, de información sobre un presunto acuerdo entre la Fiscalía y González Amador, en el marco de una investigación judicial abierta por delitos fiscales.
Según la Fiscalía, esta información fue transmitida por el jefe de gabinete de Ayuso a varios periodistas, lo que generó una serie de informaciones erróneas en los medios.
En respuesta a ello, el 14 de marzo de 2024, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid emitió una nota informativa en la que desmentía las versiones publicadas en prensa y afirmaba que el fiscal responsable del caso había actuado conforme a sus deberes profesionales.
La Fiscalía ha enfatizado que, en ningún momento, el fiscal general del Estado estuvo involucrado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Salto y el abogado Neira, cuyo contenido ya era conocido por otras personas antes de que García Ortiz tuviera conocimiento de los mismos.
García Ortiz enfrenta acusaciones de prevaricación y revelación de secretos, con penas que podrían ascender hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, según la acusación popular ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
La organización le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. El juicio está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre si se convocará o no a juicio a García Ortiz.
Felipe VI y Álvaro García Ortíz
FUENTE: El Observador
