El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado modificó el monto de la fianza impuesta inicialmente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al descontar la multa que se le pudiera imponer eventualmente, por lo que la rebaja de 150.000 a 75.000 euros.
Había depositado la fianza
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había depositado la fianza de 150.000 euros que le había sido impuesta por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, en relación con el juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Con parte de su patrimonio
García Ortiz había cubierto el monto de la fianza con parte de su patrimonio personal, dado que no disponía de tal cantidad de dinero en efectivo.
El Tribunal Supremo debió verificar que los bienes aportados eran suficientes para avalar la fianza, destinada a cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas del juicio, tales como las costas judiciales o la multa contemplada por el delito de revelación de secretos.
García Ortiz pensaba recurrir la fianza
A pesar de haber depositado la fianza, el fiscal general tiene previsto recurrir la decisión ante la Sala de lo Penal, argumentando que la cantidad impuesta es excesiva. La defensa de García Ortiz consideró que la fianza es desproporcionada en relación con los hechos que se le imputan.
El reclamo de González Amador
Por otro lado, Alberto González Amador también ha recurrido la decisión del magistrado, aunque en su caso exige que la fianza sea duplicada a 300.000 euros. Según el empresario, nunca ha existido en el sistema jurídico español una "vulneración de los derechos fundamentales" tan grave como la que considera que ha sufrido debido al comportamiento del entonces fiscal general. En su recurso, González Amador señala que los perjuicios morales derivados de la situación continúan de manera "continuada y actualizada", por lo que la indemnización debería superar los 300.000 euros.
