Donald Trump anuncia que pondrá a policía de Washington bajo control federal y desplegará Guardia Nacional, junto a Pam Bondi y Pete Hegseth. AFP
AFP
Chicago: Midway Blitz y el despliegue de 300 guardias
Chicago fue la última ciudad demócrata en ser blanco del presidente. El domingo, Trump autorizó el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad para abordar lo que, según él, es una ola de delincuencia descontrolada.
La medida se produjo horas después de que las autoridades de inmigración reportaron enfrentamientos con manifestantes en la ciudad y le dispararan a una mujer armada cuando ella y otros embistieron vehículos policiales con sus autos.
“En medio de los continuos disturbios violentos y la anarquía, que líderes locales como el gobernador Pritzker se han negado a sofocar, el presidente Trump ha autorizado el despliegue de 300 guardias nacionales para proteger a los agentes y activos federales. El presidente Trump no se hará el de la vista gorda ante la anarquía que azota a las ciudades estadounidenses”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.
Agentes en el desfile del Día de la Independencia de México en Chicago, el 14 de septiembre. Mes de la Herencia Hispana. EFE
Agentes en el desfile del Día de la Independencia de México en Chicago, el 14 de septiembre.
EFE
Desde principios de septiembre, Chicago está bajo una operación federal denominada Midway Blitz, destinada a detener inmigrantes indocumentados. La presencia de agentes federales fuertemente armados, con equipo táctico y rifles automáticos, patrullando el centro de la ciudad sorprendió a los residentes el último mes. La semana pasada, el DHS anunció el arresto de 800 personas en la ciudad.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien ya había advertido que impugnaría la medida ante los tribunales si Trump desplegaba la Guardia Nacional en el estado, afirmó que el presidente estaba "intentando crear una crisis". Pritzker, de hecho, sugirió la destitución de Trump invocando la Enmienda 25 de la Constitución. La Casa Blanca defendió a Trump diciendo que está “profundamente preocupado por la seguridad” y está interviniendo “donde J.B. falló”.
Portland “asediada por terroristas nacionales”
El 27 de septiembre, Trump ordenó el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland, Oregón, con el objetivo de proteger un centro de detención de ICE. Según el presidente, la instalación estaba siendo “asediada por terroristas nacionales”, refiriéndose a las manifestaciones que se realizaban frente al lugar.
Protestas en Washington DC por la decisión de Trump de desplegar la Guardia Nacional. AFP
Protestas en Washington DC contra el despliegue de la Guardia Nacional.
AFP
La gobernadora demócrata del estado, Tina Kotek, se negó a activar a la Guardia de Oregón y tildó el despliegue de “ilegal” y un “abuso de poder”. En respuesta, el Fiscal General demócrata del estado, Dan Rayfield, presentó una demanda federal para bloquear la orden, argumentando que viola la Ley Posse Comitatus, que restringe el uso de personal militar en labores de aplicación de la ley nacional.
“Enviar a 200 soldados de la Guardia Nacional para proteger un solo edificio no es normal . No se llama al ejército para manejar unas pocas protestas”, dijo Rayfield.
Este sábado, la jueza federal de Oregon, Karin Immergut, otorgó una orden de restricción temporal que impide el despliegue de la Guardia en Portland. En su fallo, Immergut señaló que los recientes incidentes citados por el Gobierno federal, en los que manifestantes se enfrentaron con agentes federales, “son inexcusables, pero no se acercan al tipo de incidentes que no puedan ser manejados por fuerzas regulares del orden público”.
La orden de restricción temporal vence en 14 días, el 18 de octubre, momento en el cual el estado planea solicitar una extensión, afirmó Rayfield. Las autoridades de Oregon esperan que el Gobierno federal apele la decisión mientras el caso avanza en el sistema judicial, con una audiencia programada para el 29 de octubre.
Despliegue de la guardia nacional en California. AP
AP
Despliegue Federal en Memphis
La ofensiva federal en Memphis, autorizada por decreto de Trump el 15 de septiembre, se canaliza a través de la Fuerza de Tarea Segura de Memphis (Memphis Safe Task Force), que ahora cuenta con al menos 219 oficiales federales de más de una docena de agencias, incluyendo el FBI y la DEA.
La Fiscal General Pam Bondi destacó la rapidez de la operación, reportando 93 arrestos en una semana y prometiendo “arrasar con los elementos criminales”. El gobernador republicano Bill Lee apoya el esfuerzo, aunque asegura que los 150 miembros de la Guardia Nacional que se espera desplegarán solo tendrán funciones de “ojos y oídos” y no portarán armas.
Sin embargo, la medida generó fuerte cautela y críticas por parte de las autoridades locales demócratas. La jefa de policía, C.J. Davis, aunque coopera, advirtió que el despliegue de la Guardia Nacional será limitado, máximo 200 efectivos a diferencia de los 1500 desplegados en Washington DC, y expresó su preocupación por buscar la sostenibilidad de la reducción del crimen, que genere una reducción duradera del crimen, en lugar de una acción temporal que deje un "mal sabor de boca" en la comunidad.
Por su parte, el alcalde demócrata Paul Young, fue más directo en su crítica, afirmando que el problema es la "presencia de la Guardia Nacional" y confesando su "temor de lo que Trump pueda hacer a continuación" debido a la falta de claridad sobre la misión, mientras ciudadanos protestan exigiendo inversión social en lugar de militarización.
Despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC. AP
Despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC.
AP
Los Ángeles y Washington DC
Aunque Chicago, Portland y Memphis se encuentran en el foco de atención, otros Estados y ciudades también fueron blanco de la Administración Trump. La ciudad de Los Ángeles, California, fue la primera ubicación a la que la administración Trump envió tropas federales. En junio, en contra de la voluntad del gobernador Gavin Newsom, Trump ordenó el despliegue de cientos de soldados de la Guardia Nacional en medio de fuertes protestas contra los operativos de ICE.
Allí, la confrontación tuvo una resolución legal: un juez federal dictaminó que el despliegue violaba la Ley Posse Comitatus. A pesar de que la decisión solo se aplicaba a ese estado, la administración federal está apelando la sentencia, señalando su clara determinación de continuar con su ofensiva.
En Washington DC, la presencia federal persiste a pesar del fin de la orden presidencial. Agentes de inmigración continúan patrullando junto a la policía local, una colaboración que inició en agosto bajo un decreto de emergencia de 30 días emitido por Trump para combatir la delincuencia.
Esta orden obligó al Departamento de Policía Metropolitana, que por años tuvo legalmente restringida la cooperación con autoridades migratorias, a sumarse a la aplicación de las leyes de inmigración. Si bien la emergencia expiró el 10 de septiembre, y la alcaldesa Muriel E. Bowser declaró entonces que la aplicación de leyes migratorias “no es competencia del MPD y tampoco lo será en el futuro”, la colaboración entre ambas fuerzas aún se mantiene en la capital.
Donald Trump da un discurso frente a altos mandos militares en la base del Cuerpo de Marines en Quantico. AP
Donald Trump da un discurso frente a altos mandos militares en la base del Cuerpo de Marines en Quantico.
AP
Otros blancos y la división partidista
Los despliegues no se limitan a estas ciudades. Trump también mencionó a Baltimore, en Maryland, y Boston, en Massachusetts, como posibles objetivos. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, ya se reunió con líderes en las ciudades afectadas para prepararse.
La iniciativa de la Casa Blanca contó con el apoyo de gobernadores republicanos, como Jeff Landry en Luisiana, quien solicitó el despliegue de 1.000 elementos de la Guardia Nacional en Nueva Orleans, Baton Rouge y Shreveport. Además, en Misuri, el gobernador Mike Kehoe también autorizó a 15 miembros de la Guardia Nacional en funciones administrativas para instalaciones de ICE. En estos casos, donde los gobernadores invitan a las tropas, la base jurídica es más sólida.
Mientras que los gobernadores demócratas acusan a Trump de pasar por encima de los derechos estatales y de utilizar el poder federal como arma política, los republicanos defienden la medida como un refuerzo necesario para la seguridad y el combate a la delincuencia. En última instancia, el balance final de estos despliegues, su legalidad y su impacto en las comunidades serán determinados por las cortes.
