La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido presentarse como perjudicada en el "caso Begoña Gómez", al considerar que la actuación de la esposa del presidente del Gobierno y exdirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva podría haberle causado un "perjuicio económico".
Por posibles daños a la Universidad
El abogado de la UCM ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le sea trasladada toda la información sobre las actuaciones, para ejercer una acción civil de reparación del daño presuntamente ocasionado a la administración universitaria. Esta decisión surge tras la intervención del juez Juan Carlos Peinado, quien apuntó que la universidad debe ser considerada "perjudicada" en el proceso judicial.
El caso de la apropiación indebida del software
La casa de altos estudios se ve involucrada en el caso relacionado con un presunto delito de apropiación indebida, que incluye el uso de un software cuya financiación estaba destinada a beneficiar a la UCM. En su escrito, el letrado de la universidad argumenta que, si se confirma la apropiación de este recurso, se habría producido un "daño económico y lesivo para los intereses" de la institución.
De acuerdo con el juez Peinado, el procedimiento judicial seguirá adelante bajo la acusación de apropiación indebida, al considerar que el software en cuestión debía ser utilizado en beneficio de la universidad. Este paso implica que la Complutense podrá intervenir en el proceso, buscando una compensación por los daños causados.
El rector solicitó la presentación
La decisión de presentar a la universidad como perjudicada fue tomada por el rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien previamente estuvo imputado en la causa por un delito de tráfico de influencias. Esto se debió a la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que fue codirigida por Begoña Gómez durante cuatro años académicos.
Sin embargo, en mayo pasado, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la imputación de Goyache, al considerar que no había "datos objetivos incriminatorios" en su contra. A pesar de ello, el rector sigue desempeñando su función de defender los derechos e intereses de la universidad en este caso.
Cómo sigue
Con esta decisión, la Universidad Complutense de Madrid busca ejercer sus derechos civiles para reclamar una reparación por el presunto perjuicio económico sufrido, teniendo en cuenta la relevancia de este caso tanto para la administración universitaria como para el desarrollo de futuras investigaciones.
