El Supremo publica la sentencia de Álvaro García Ortiz: "No puede responder a una noticia falsa con un delito"
La sentencia establece que el ex Fiscal General debe cumplir una condena de dos años de inhabilitación para el cargo, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar a Alberto González Amador.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Tribunal Supremo(TS) ha dictado una sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un 'email' clave y la posterior publicación de una nota de prensa. Según el tribunal, García Ortiz "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito". En este caso, la revelación de secretos fue cometida tanto por la filtración del correo electrónico como por la difusión pública de la nota.
Sentencia y consecuencias
La sentencia establece que García Ortiz debe cumplir una condena de dos años de inhabilitación para el cargo, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con 10.000 euros por daños morales. Este fallo llega después de casi tres semanas desde que el tribunal que juzgó al fiscal adelantara su decisión.
A raíz de la sentencia, el fiscal general del Estado presentó su dimisión el 24 de noviembre, tan solo cuatro días después de que se comunicara el fallo. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, anunció que la fiscal de sala del TS, Teresa Peramato, será la candidata para ocupar su puesto al frente del Ministerio Público.
Voto particular y discrepancias
La sentencia también incluye un voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes se desmarcaron de la postura de sus compañeros Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. Polo, encargada de redactar la sentencia, finalmente delegó la tarea en Martínez Arrieta debido a su desacuerdo, lo que ocasionó un retraso en la publicación del fallo. Según fuentes jurídicas, este cambio de ponente y la obligación de comunicarlo a las partes fue uno de los factores que propició la anticipación del fallo.
