Lo que importa
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Las asociaciones de jueces y fiscales pidieron respeto a la independencia judicial tras las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero.
Montero calificó de "vergüenza" la absolución de Dani Alves por parte del TSJC en el caso de agresión sexual.
Las asociaciones recordaron que la presunción de inocencia es un derecho constitucional que no debe ser cuestionado.
También subrayaron que la crítica pública a decisiones judiciales debe ser responsable y contextualizada.
La Asociación de Mujeres Juezas alertó sobre el peligro de invalidar como prueba suficiente la declaración de las víctimas.
Contexto
¿Qué motivó el comunicado de jueces y fiscales?
El comunicado conjunto surge como respuesta a unas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien expresó su desacuerdo con la sentencia que absolvió al futbolista Dani Alves, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Montero calificó el fallo de “vergüenza” y criticó que “todavía se cuestione el testimonio de una víctima”.
¿Qué postura adoptaron las asociaciones judiciales?
Las siete asociaciones firmantes —incluyendo la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, y la Asociación de Fiscales— recalcaron la importancia de respetar la labor judicial. Subrayaron que las resoluciones se basan en el análisis riguroso de pruebas y que la independencia judicial debe protegerse de presiones o juicios de valor por parte de representantes públicos.
¿Cuál fue la defensa del principio de presunción de inocencia?
Jueces y fiscales advirtieron que la presunción de inocencia, reconocida en la Constitución, es fundamental para garantizar juicios justos. Cuestionarla públicamente puede deteriorar las garantías procesales y, por ende, la equidad en la administración de justicia. Recordaron que nadie puede ser considerado culpable sin pruebas válidas y legalmente obtenidas.
¿Qué dijeron sobre los derechos de las víctimas?
El comunicado reconoce la necesidad de que las víctimas se sientan escuchadas y protegidas. Sin embargo, aclara que esto debe equilibrarse con el respeto a los derechos del acusado, lo cual es esencial para preservar la justicia. Llaman a que los testimonios sean tratados con seriedad y sensibilidad, sin menoscabar el marco legal vigente.
¿Qué planteó la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE)?
La AMJE hizo una intervención diferenciada, centrada en la validez probatoria de la declaración de la víctima. Reivindicaron la jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala esta declaración como prueba suficiente para una condena, especialmente en delitos sexuales.
La asociación alertó sobre el riesgo de que el exceso de exigencia probatoria derive en impunidad y señaló el peligro de desnaturalizar los avances jurídicos que han permitido visibilizar y juzgar los delitos sexuales.
¿Por qué se considera relevante este debate para el Estado de Derecho?
El comunicado subraya que las críticas no fundamentadas a decisiones judiciales pueden erosionar la confianza pública en las instituciones. Según los firmantes, esto debilita el Estado de Derecho, al transmitir una imagen de parcialidad o falta de rigor en el sistema judicial, algo que podría tener efectos adversos en el largo plazo.
Cómo sigue
El debate abierto por las declaraciones de Montero y la posterior reacción de las asociaciones judiciales pone en primer plano la tensión entre el poder político y el judicial. No se prevé que las asociaciones inicien acciones formales contra la vicepresidenta, pero el comunicado funciona como un mensaje institucional de advertencia sobre los límites del discurso político en torno a decisiones judiciales.
Por otro lado, la intervención de la Asociación de Mujeres Juezas podría abrir un nuevo eje de discusión sobre cómo interpretar y aplicar la jurisprudencia en delitos sexuales. En este contexto, lo que sigue será un probable incremento en el escrutinio público y político sobre la actuación de los tribunales, en particular en casos mediáticos, así como un llamado a reforzar la pedagogía jurídica respecto a la presunción de inocencia y el valor de las pruebas.
FUENTE: El Observador - Europa Press
