La Audiencia Nacional de España ha acordado consultar a las partes del proceso por terrorismo si procede plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la amnistía a independentista catalanes contraviene “gravemente” el derecho comunitario en este caso.
Si se consultara al tribunal europeo, la aplicación de la ley nacional quedaría en suspenso hasta que se pronuncie.
La consulta, según un auto de la Audiencia Nacional publicado este martes, se refiere a un proceso contra los denominados Comités de Defensa de la República, grupos de activistas por la independencia de la región española de Cataluña.
La Audiencia Nacional, competente en delitos como el terrorismo, acuerda preguntar a las partes personadas en la causa en la que están procesadas doce personas si procede presentar una cuestión prejudicial al tribunal europeo sobre la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español, ante las dudas de que suponga “una infracción patente” del Derecho comunitario.
En el auto, los magistrados, sin entrar en el fondo del asunto, explican que en la causa se investigan hechos que las acusaciones han tipificado como distintos delitos de terrorismo.
La Audiencia Nacional no comparte con las defensas que esos hechos no estén incluidos en la directiva europea de lucha contra el terrorismo y que la ley de amnistía recoge entre los que están excluidos del perdón.
El planteo previo del Superior de Justicia de Cataluña
La decisión de la Audiencia Nacional se produce después de que otro tribunal en España, el Superior de Justicia de Cataluña, haya planteado igualmente en otro proceso si se consulta al Tribunal Constitucional español o a la Justicia europea.
El tribunal regional considera que se pueden amnistiar delitos de malversación, prevaricación y desobediencia en un caso contra excargos del partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, aunque plantea elevarlo al Constitucional o la Justicia europea por las "serias" dudas sobre su legalidad.
Antes de decidir si zanja la causa, pide a Fiscalía, acusaciones y defensas que se pronuncien sobre la pertinencia de llevar la norma ante el Constitucional en España o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de "despejar las reservas" sobre su encaje legal.
FUENTE: EFE
