El Tribunal Supremo español ha resuelto suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscriptas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'Ley de Nietos', salvo que acrediten que tienen familiares sufrieron exilio.
La medida podría alcanzar a muchos argentinos y uruguayos que obtuvieron su nacionalidad por la Ley de Nietos, y votan regularmente por Correo aunque estén viviendo en otro país que no es España.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó suspender los efectos electorales para esas personas para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, estimando las medidas pedidas por el partido de derecha extrema, Vox, y la organización Iustitia Europa.
Ambas organizaciones solicitaron medidas cautelares, no con el objetivo de anular de golpe la Ley de Memoria Democrática ni de retirar las nacionalidades ya concedidas, sino para suspender de forma provisional las altas automáticas en el CERA (el voto por correo) de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la citada norma, la popularmente llamada Ley de Nietos, que asumía automáticamente que cualquier persona que dejó España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 lo hizo por motivos de exilio político.
Por mayoría de cinco votos a uno, los magistrados establecieron que los que hayan obtenido la nacionalidad española y aún no hayan sido inscriptos en el censo, se continuará con la tramitación del expediente hasta su finalización, pero después quedará suspendido cautelarmente hasta que se obtenga su debida certificación.
Lo mismo ocurrirá para los nacionalizados españoles, aunque ya hayan completado todo el proceso.
Las medidas permanecerán vigentes hasta que el Tribunal dicte sentencia definitiva sobre el procedimiento.
En tanto, los jueces definieron que los hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, siguen habilitados para votar y por ello le pide a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera esta documentación a los registros consulares.
Tanto Vox, que presentó el recurso en la Justicia, como el Partido Popular, empujaron esta medida en la creencia de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudiera utilizar el voto por correo de los españoles nacionalizados desde el exterior para mejorar su caudal electoral en las próximas elecciones.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reaccionó apenas conocida la medida: "No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y de la Junta Electoral Central. Confiamos en la imparcialidad de la Justicia", completó la funcionara de Pedro Sánchez.
El recurso de los partidos de la derecha española intenta evitar que el gobierno socialista de Pedro Sánchez pueda aprovechar el voto de los nacionalizados españoles desde el exterior, que lo hacen por correo.
Este año, y teniendo como horizonte justamente las elecciones de 2027, el Gobierno sanchista impulsa la nacionalización masiva de un millón de inmigrantes por la Ley de Nietos.
En ese instrumento nace la desconfianza opositora, ahora avalada por un medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia de España, que tendrá la última y definitiva palabra.