Bruselas subraya que el proceso carece de validez para circular por el espacio Schengen y exige cooperación leal para evitar efectos secundarios.
La Comisión Europea ha elevado el tono ante la falta de transparencia del Gobierno de España respecto al proceso de regularización masiva de inmigrantes anunciado el pasado 27 de enero.
El comisario de Interior e Inmigración, Magnus Brunner, ha confirmado en una respuesta parlamentaria -con fecha de 8 de abril de 2026- que el Ejecutivo comunitario no cuenta con información oficial sobre una medida que, según advierte, podría desestabilizar el equilibrio del espacio sin fronteras de la Unión Europea.
A pesar de que el proceso está previsto para iniciarse este mismo mes, el comisario Brunner ha sido tajante: "La Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial de España sobre el proyecto de medida". Esta ausencia de notificación se produce en un contexto de especial vigilancia por parte de Bruselas, que subraya que las decisiones unilaterales de los Estados miembros en materia de regularización no son inocuas para el resto de los socios comunitarios.
El responsable austriaco ha recordado que, aunque las competencias de regularización son nacionales, en un espacio de libre circulación como la UE, estas decisiones "pueden tener consecuencias para otros Estados miembros y para la Unión en su conjunto".
Desde Bruselas se ha querido aclarar el alcance legal de los títulos que España pretende otorgar. Brunner insiste en que un permiso de residencia nacional "no autoriza a desplazarse por la UE", sino que limita el derecho a vivir y trabajar exclusivamente al Estado que lo expidió.
En este sentido, la Comisión recuerda que existen normas claras de obligado cumplimiento:
Retorno obligatorio: Si un titular de este permiso es hallado en situación irregular en otro país de la UE o solicita asilo allí, debe regresar inmediatamente a España.
Cooperación leal: Las autoridades nacionales están obligadas a actuar con rapidez para asegurar estos retornos.
Responsabilidad financiera: España es, en última instancia, la responsable de los costes derivados de estas repatriaciones, los cuales deberán ser negociados y acordados entre los países afectados.
Mientras Bruselas pone el foco en la seguridad jurídica y el impacto transfronterizo, el Gobierno de España mantiene una postura dispar. Por un lado, se ha confirmado que los beneficiarios solo obtendrán permiso de trabajo en territorio nacional, pero no se ha dado respuesta a las inquietudes europeas sobre las consecuencias para otros Estados.
Por otro lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió recientemente en el Senado que la regularización "no tiene ningún impacto" en el sistema público de salud. Según la ministra, esta población ya cuenta con asistencia asegurada bajo el amparo de la Ley General de Sanidad de 1986, restando peso a las críticas sobre la presión en los servicios públicos.
Esta falta de sintonía entre los anuncios internos y las exigencias de información de la Comisión Europea sitúa a España bajo la lupa del Partido Popular Europeo (PPE), cuyos 22 eurodiputados españoles firman la consulta que ha provocado este nuevo aviso desde el Ejecutivo comunitario.