La Comisión Europea muestra su rechazo a las medidas de Sánchez sobre migración y control de plataformas digitales, cuestionando su impacto en la UE.
Las recientes propuestas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la regularización de migrantes y la regulación de redes sociales han generado reacciones encontradas a nivel europeo.
La Unión Europea ha mostrado su preocupación ante la iniciativa de Sánchez de regularizar a medio millón de migrantes de forma extraordinaria y de imponer responsabilidades penales a los CEO de plataformas digitales, entre otras medidas. Mientras Sánchez defiende su enfoque en pos de la prosperidad y la seguridad de la sociedad, Bruselas mantiene reservas sobre la armonización de estas decisiones dentro del marco comunitario.
El presidente Pedro Sánchez ha reiterado su postura a favor de la regularización extraordinaria de migrantes en España, destacando que esta es una medida tanto moral como pragmática. En un artículo publicado en The New York Times, Sánchez subrayó que la migración ofrece oportunidades para el país, afirmando que "la migración trae oportunidades, pero también enormes desafíos que se deben reconocer y afrontar".
El mandatario español argumentó que el país debe elegir entre convertirse en una sociedad cerrada y empobrecida, o en una abierta y próspera.
Según Sánchez, España tiene una "deuda moral" con los migrantes, dada su propia historia como nación de emigrantes. Además, destacó que la mayoría de los españoles apoya la integración de los migrantes, con un respaldo creciente de sindicatos, organizaciones no gubernamentales e incluso de la Iglesia Católica.
A pesar del respaldo de la sociedad española, la Comisión Europea ha reaccionado con cautela ante la regularización de migrantes promovida por Sánchez. El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por Giorgia Meloni, ha solicitado una evaluación de impacto sobre cómo la medida podría afectar el espacio Schengen y la política migratoria de la UE.
Desde Bruselas, se subraya que la regularización de migrantes es una competencia nacional, pero advierten sobre los riesgos de un "efecto llamada" y la posibilidad de que esta medida minara la eficacia de los controles fronterizos dentro de la UE. Los eurodiputados del ECR han pedido a la Comisión que analice si la medida cumple con los principios del Derecho de la UE, especialmente en cuanto a la política de retorno y readmisión de migrantes.
En defensa de su política migratoria, Pedro Sánchez ha respondido a las críticas desde el extranjero, asegurando que España está viviendo un periodo de auge económico. Durante una entrevista con la CNN en Dubai, el presidente negó que la regularización de migrantes tuviera un "efecto llamada", argumentando que la migración hacia España ha disminuido drásticamente en los últimos años gracias a las políticas de cooperación con países de origen como Marruecos y Senegal.
Sánchez destacó que España ha sido la economía con mayor crecimiento en el mundo durante dos años consecutivos, lo que refuerza su argumento de que los migrantes son una parte integral del éxito económico del país.
Por otro lado, las medidas del Gobierno español para regular las plataformas digitales y las redes sociales también han generado un fuerte debate.
Sánchez ha propuesto responsabilizar penalmente a los CEO de las plataformas por contenidos ilícitos que no sean retirados, un enfoque que ha sido criticado por la Comisión Europea.
Bruselas ha señalado que la regulación de las redes sociales no debe exceder las normas ya establecidas en la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA).
Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, explicó que las medidas propuestas por España para responsabilizar a los directivos de plataformas no son del todo compatibles con la legislación europea, que busca armonizar la protección de los usuarios, especialmente de los menores de edad.
El Gobierno de Sánchez también ha arremetido contra Pável Dúrov, fundador de Telegram, después de que este alertara a los usuarios españoles sobre las posibles restricciones a la libertad en línea. Moncloa calificó sus declaraciones de “ataques ilegítimos” y “mentiras”, acusando a Dúrov de utilizar la plataforma para difundir propaganda política. En respuesta, Sánchez comentó en redes sociales: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".
La vicepresidenta Yolanda Díaz también respondió a los ataques de Dúrov, defendiendo las políticas del Gobierno y asegurando que no permitirán que los grandes magnates de la tecnología pongan en riesgo la democracia española. Díaz destacó la importancia de regular las plataformas digitales para garantizar un entorno seguro y justo para los ciudadanos.
Las iniciativas de Pedro Sánchez sobre la migración y la regulación de redes sociales están poniendo a prueba las relaciones de España con la UE. Mientras que el presidente del Gobierno defiende que estas políticas son necesarias para el progreso económico y social del país, Bruselas mantiene una postura crítica, recordando que ciertas competencias deben ser gestionadas a nivel europeo.
En lo que respecta a la regulación de migrantes, la UE está preocupada por el impacto en el control de fronteras y la cohesión del espacio Schengen, mientras que las propuestas sobre redes sociales están siendo cuestionadas por su posible exceso de regulación en un entorno ya normado por la DSA. Estos desafíos pondrán a prueba la capacidad de España para equilibrar su soberanía con las normas y principios de la Unión Europea en los próximos meses.