El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este domingo su desacuerdo con la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y reafirmó que sigue creyendo en su inocencia, al tiempo que descartó hablar en este momento de un posible indulto y apuntó a futuras decisiones del Tribunal Constitucional. Las declaraciones fueron realizadas en Johannesburgo, durante una rueda de prensa en el marco de la cumbre del G20.
“Respetamos la sentencia, pero no la compartimos”
Pedro Sánchez aseguró de forma tajante que mantiene su confianza en la inocencia de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos relacionado con el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El jefe del Ejecutivo subrayó que el Gobierno “lamenta” el fallo, lo respeta y lo acata, pero defendió que en una democracia es legítimo discrepar de una resolución judicial sin quebrar el principio de separación de poderes.
Sánchez citó las declaraciones de periodistas de “acreditado y reconocido prestigio” que comparecieron en el juicio, quienes, según indicó, manifestaron de forma clara que el fiscal general no fue el origen de las supuestas filtraciones y que no tuvo relación con el delito imputado.
Futuras vías judiciales y papel del Tribunal Constitucional
El presidente del Gobierno señaló que existen otras instancias jurisdiccionales que podrían pronunciarse sobre aspectos “controvertidos” de la sentencia, en alusión a una eventual intervención del Tribunal Constitucional tras los pasos procesales previstos por la ley.
Entre esas vías, apuntó a la posibilidad de un incidente de nulidad ante el propio Tribunal Supremo, trámite necesario antes de acudir en amparo al Tribunal Constitucional, y recordó que, posteriormente, podrían intervenir los tribunales europeos.
Relevo en la Fiscalía General del Estado
Pedro Sánchez afirmó que el Ejecutivo activará el procedimiento para el nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, aunque evitó adelantar nombres o perfiles concretos. Recalcó que los candidatos siempre han sido personas con “dilatada trayectoria jurídica” y un conocimiento “importante” de la materia.
El presidente del Gobierno puso en valor la labor de García Ortiz al frente de la Fiscalía, a la que calificó como “muy positiva”, y aseguró que la información sobre el relevo se hará pública “cuando corresponda”.
Respuesta a las críticas del Partido Popular
Sánchez respondió a las acusaciones del PP sobre una supuesta falta de respeto a la independencia judicial, afirmando que su Ejecutivo “siempre ha sido respetuoso” con la separación de poderes. Añadió que otros responsables políticos han hablado de “controlar por la puerta de atrás” salas del Tribunal Supremo.
Posición sobre el indulto
El jefe del Ejecutivo insistió en que “no tiene ningún sentido” abordar en este momento un eventual indulto, subrayando que la prioridad del Gobierno pasa por respetar el procedimiento judicial y actuar conforme al marco institucional vigente.
Manifestación frente al Supremo en apoyo al fiscal general
Cientos de personas se concentraron este domingo frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena, en una movilización impulsada por colectivos sociales y sindicales. Bajo lemas como “vergüenza” o “esto es política, no justicia”, los asistentes expresaron su rechazo al fallo adelantado el jueves.
Baltasar Garzón califica la sentencia de “injusta y arbitraria”
Entre los manifestantes se encontraba el exjuez Baltasar Garzón, quien fue inhabilitado por el Supremo en 2012. En declaraciones a EFE, calificó la condena como “injusta” y “arbitraria”, y criticó que se haya adelantado el fallo sin conocerse aún el texto completo de la sentencia, lo que considera una “revictimización” del fiscal.
El Gobierno mantiene respaldo político y cuestiona motivaciones
Diversos miembros del Ejecutivo y socios del bloque de investidura respaldaron públicamente a García Ortiz, mientras continúan las reacciones políticas tras la sentencia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró que en justicia “no se ha avanzado gran cosa desde la dictadura”. Su homólogo de Transformación Digital, Óscar López, calificó el fallo de “injusto” y denunció que no logrará ocultar los escándalos del entorno de Ayuso.
Yolanda Díaz denuncia una “intervención política” del poder judicial
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señaló que la condena representa un “punto de inflexión” y acusó al poder judicial de haber “suspendido sus funciones constitucionales” para actuar contra el Ejecutivo. Agregó que el fallo “trunca la separación de poderes” y supone “un gigantesco descrédito para la justicia”.
Junqueras y Belarra denuncian pervivencia de estructuras franquistas
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que la sentencia demuestra que el franquismo “pervive” en los órganos de poder del Estado, incluidos tribunales y cuerpos policiales. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denunció que la derecha ha “asesinado civilmente” al fiscal general para encubrir la corrupción del entorno de Ayuso.
El PP acusa al Gobierno de atacar al Estado de derecho
Desde el Partido Popular, varios dirigentes han denunciado que el Ejecutivo intenta deslegitimar al poder judicial. La vicesecretaria Carmen Fúnez aseguró que “la condena al fiscal es también una condena política a Sánchez”, a quien responsabilizó de su nombramiento. Mostró además preocupación por el próximo relevo en la Fiscalía General.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, reclamó abrir un debate sobre las responsabilidades políticas del caso, y apuntó directamente al presidente del Gobierno. En la misma línea, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, advirtió que los líderes autoritarios suelen presentarse como víctimas antes de socavar las leyes.
Abascal promete llevar a Sánchez “al banquillo”
En un acto en Salamanca, el líder de Vox, Santiago Abascal, no mencionó directamente al fiscal, pero reiteró su objetivo de llevar a Pedro Sánchez y a su equipo “al banquillo” para que “paguen por sus corrupciones”. Aseguró que su formación trabajará para desalojar al Gobierno “y restaurar el Estado de derecho”.
