El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el decreto que fija la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, dando vía libre al polémico reparto de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla.
El texto entra en vigor y pone en marcha la llamada “solidaridad obligatoria”, que permitirá derivar a unos 3.000 menores en el plazo de un año.
La medida llega después de que el Gobierno reformara la Ley de extranjería a contracorriente de la oposición del Partido Popular, y establece que los nuevos menores que lleguen a zonas tensionadas desde septiembre serán trasladados en apenas 15 días.
Andalucía, Madrid y Valencia, bajo mayor presión
La fórmula aprobada coloca a Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y Madrid (2.325) como las comunidades con mayor capacidad ordinaria de acogida.
Pero en la práctica, los cálculos del propio Ejecutivo demuestran que serán Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) quienes soporten la mayor carga real de menores a repartir.
El resto de comunidades tendrán una cuota menor: Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Murcia (133), Navarra (188) e Islas Baleares (49).
Cataluña, beneficiada en el reparto
Pese a figurar en los primeros puestos de capacidad teórica, Cataluña se libra prácticamente de nuevas derivaciones gracias al “esfuerzo previo” de acogida.
Según los datos oficiales, ni Cataluña ni el País Vasco están obligados a recibir a ningún menor, aunque la Generalidad catalana anunció que aceptará únicamente a 31 jóvenes.
El contraste es evidente: mientras Madrid y Andalucía se ven obligadas a absorber centenares de menores, Cataluña queda en la práctica blindada frente al impacto del reparto.
El frente judicial crece: 11 comunidades recurren el decreto
El mecanismo de reparto ha encendido la tensión política. Diez autonomías gobernadas por el PP, junto a Castilla-La Mancha —del PSOE— han recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional. Madrid, Baleares y Castilla y León también han presentado o anunciado recursos adicionales, y algunas comunidades, como Baleares y Comunidad Valenciana, pedirán la suspensión cautelar del reparto.
La pulseada ha comenzado: mientras el Gobierno presume de “solidaridad”, varias regiones denuncian una estrategia desequilibrada que castiga a unas comunidades y libera a otras, con Cataluña como gran beneficiada del nuevo mapa migratorio.
