La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá ante los tribunales el decreto que el Gobierno central prevé aprobar para reubicar a los menores migrantes no acompañados que han llegado a Canarias, Ceuta y Melilla, distribuyéndolos entre el resto de las comunidades autónomas.
Según el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, el gobierno madrileño tomará "acciones judiciales" para garantizar que el reparto sea "igualitario" y denunció lo que considera un intento del Ejecutivo de ocultar información sobre cómo se distribuirán los menores.
Rodrigo explicó que el decreto establece un número determinado de plazas para cada comunidad autónoma, basado en un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el consejero madrileño acusa al Gobierno de actuar con falta de transparencia, particularmente en cuanto a la distribución de los menores, señalando que regiones como el País Vasco o Cataluña no recibirán a menores migrantes, mientras que Madrid tendrá que asumir una mayor carga.
Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo
Madrid sobresaturada
Por su parte, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha expresado su preocupación por la situación de los recursos disponibles en la región para acoger a estos menores. Aseguró que los dispositivos actuales en Madrid están "sobresaturados" y advirtió que, aunque la comunidad acoge a los migrantes con dignidad, no cuenta con los medios suficientes para atenderlos adecuadamente. Matute también criticó la política migratoria del Gobierno central, afirmando que está "liberando" a una población vulnerable en manos de las mafias y sin una política reglada de acogida.
La consejera subrayó que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid no ha sido informada adecuadamente sobre el proceso de reparto, lo que ha generado incertidumbre. Además, lamentó que este tipo de decisiones no se estén tomando en un marco de diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, sino que se imponen sin consultar adecuadamente a los actores implicados.
Así, la Comunidad de Madrid sigue manifestando su desacuerdo con el reparto propuesto por el Ejecutivo, al tiempo que alerta de las dificultades logísticas y de recursos que enfrenta para poder cumplir con su parte en la acogida de los menores migrantes.
FUENTE: El Observador
