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El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha instado este jueves al PSOE y a Vox a actuar con "responsabilidad" ante la polémica generada en Jumilla (Murcia), donde se ha aprobado una medida que impide celebrar ritos islámicos en espacios públicos, considerada la primera de este tipo en España.

Durante una intervención ante los medios, De los Santos ha criticado la actitud de ambos partidos por "polarizar" en torno a este asunto, y ha señalado que la iniciativa no contó con el voto afirmativo de Vox, por lo que ha instado a la formación de Santiago Abascal a explicar sus decisiones.

El dirigente popular ha defendido que el PP es “el partido constitucionalista de España” y ha asegurado que su formación nunca señalará a nadie “por lo que crea o por lo que rece”. “Lo mismo que yo, como católico, pido respeto a mi fe, ¿cómo no voy a respetar cualquier otra fe?”, ha afirmado.

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El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos

La respuesta del Gobierno

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha enmarcado esta situación en la "deriva extremista y excluyente" de los gobiernos de PP y Vox la decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), gobernado por el PP, de prohibir las celebraciones religiosas como el fin del Ramadán en instalaciones municipales.

Esta prohibición, forma parte de una iniciativa municipal del PP que modifica una moción previa de Vox, que proponía explícitamente prohibir celebraciones islámicas en el municipio.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz advirtió que seguirán muy de cerca los "discursos de odio" que puedan llegar a derivarse de esta situación:

Elma Sáiz

La reacción de la Iglesia Católica

En un comunicado, la Conferencia Episcopal española ha advertido este jueves que la limitación del culto “atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas” y a las personas no creyentes. “Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”, apuntan.

FUENTE: El Observador

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