El volumen de trámites alcanza cifras récord, con miles de pasaportes emitidos al mes y fuerte impacto en el censo exterior.
La Ley de Memoria Democrática ha provocado en 2024 un incremento sin precedentes de solicitudes de nacionalidad española en Argentina, hasta el punto de saturar la capacidad operativa de los consulados.
Hasta diciembre se contabilizaron 645.052 turnos en el Consulado General de España en Buenos Aires y otros 220.000 en las sedes de Rosario, Bahía Blanca, Mendoza y Córdoba, cifras que no tienen comparación en la red consular española.
Aunque el sistema de citas se gestiona por internet y buena parte de los trámites se realiza de forma telemática, el volumen acumulado supera ampliamente el registrado a comienzos de siglo, cuando la crisis de 2001 llevó a miles de argentinos a hacer filas durante la noche frente a la sede diplomática en la calle Guido.
Según estimaciones difundidas en la prensa argentina, el consulado de Buenos Aires - el mayor de España en el exterior - gestiona el equivalente a 56 toneladas de documentación en papel, mientras que los funcionarios pueden llegar a recibir alrededor de 10.000 correos electrónicos diarios con consultas relacionadas con los expedientes.
Si la mayoría de las solicitudes en trámite culmina favorablemente, Buenos Aires podría situarse en los próximos años como una de las ciudades con mayor número de ciudadanos españoles, solo por detrás de Madrid (3.507.000 habitantes) y Barcelona (1.713.000), y en cifras similares a Valencia (841.000).
Todos los nuevos nacionales españoles inscritos en Argentina tendrán derecho a voto, al igual que el resto del censo exterior, lo que añade una dimensión política al fenómeno demográfico que se está configurando fuera del territorio español.
En comparación con otras demarcaciones consulares, Argentina presenta cifras muy superiores: sedes como Ciudad de México o La Habana registran aproximadamente la mitad de trámites, lo que consolida al país sudamericano como el principal foco de solicitudes en el exterior.
El origen del proceso se remonta a la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que abrió la puerta a descendientes de españoles exiliados.
Sin embargo, el aumento actual se vincula directamente con la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el 19 de octubre de 2022 bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La norma amplió el alcance de los beneficiarios al incluir a bisnietos de españoles exiliados y estableció inicialmente como fecha límite para presentar solicitudes octubre de 2024, plazo que posteriormente fue prorrogado un año más, lo que tuvo un efecto inmediato en la multiplicación de expedientes.
La disposición adicional octava contempla que puedan optar a la nacionalidad quienes hayan nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación e identidad sexual.
Asimismo, se incorporan los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por matrimonio con extranjeros antes de la Constitución de 1978, así como los hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron el reconocimiento de nacionalidad de origen.
El impacto de la ley se refleja también en la emisión de documentación: si en 2024 se expedían en Argentina 1.300 pasaportes españoles al mes, en la actualidad la cifra alcanza los 5.000 mensuales, lo que supone casi cuadruplicar el ritmo anterior.
Además de los expedientes de nacionalidad, los consulados actúan como registro civil y deben gestionar inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones, así como modificaciones de nombre o apellidos y otros certificados oficiales, lo que incrementa la carga administrativa del personal en las cinco sedes del país.
La legislación de ambos Estados permite la doble nacionalidad, de modo que adquirir la ciudadanía española no implica renunciar a la argentina, circunstancia que facilita el acceso al pasaporte europeo sin pérdida de derechos en el país de origen.
Aunque Argentina no atraviesa una crisis comparable a la de 2001, cuando la inestabilidad económica impulsó una salida masiva hacia Europa, el interés por obtener la nacionalidad española se mantiene en niveles inéditos, en un contexto marcado por la búsqueda de oportunidades y previsión ante eventuales cambios.
En el ámbito político español, se observa con atención la evolución de este nuevo censo exterior: en el Gobierno se considera que los nuevos ciudadanos podrán tener incidencia electoral, mientras que el Partido Popular sostiene que Argentina constituye su principal base de afiliación fuera de España.
La magnitud de las solicitudes, que podrían situar en el futuro a cerca de un millón de españoles residentes en Argentina, configura un escenario demográfico y electoral de alcance internacional para España.