Un informe de la UCO señala que Ábalos recibió un millón de euros para la concesión de una licencia de hidrocarburos
Sostiene que De Aldama y su socio Claudio Rivas compraron la voluntad del exministro de Transporte de Pedro Sánchez para que Villafuel pudiera operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos. Pagos en efectivo y con un chalet.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado a la causa sobre los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, concluye que Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas destinaron “aproximadamente un millón de euros” a “comprar la voluntad” del exministro José Luis Ábalos.
El objetivo, según los investigadores, era que la empresa Villafuel SL obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos, para lo cual Ábalos habría ejercido su influencia en los ministerios de Industria y Transición Ecológica.
El informe detalla contactos entre el exasesor de Ábalos, Koldo García, y altos cargos de ambos departamentos, como el entonces jefe de gabinete de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, y el exjefe de Gabinete de Transición Ecológica, Marc Isaac Pons.
También señala que Aldama “intermedió” con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.
El informe se conoce horas después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenara la apertura de juicio oral para Ábalos, Koldo García y De Aldama, investigados por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. Al mismo tiempo, acordó mantener en prisión provisional a los dos primeros, Ábalos y García.
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El exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García
Entregas de dinero en efectivo y compra de un chalet
Los supuestos pagos a Ábalos y a su exasesor incluyeron entregas de dinero en efectivo, la compra de un chalet en La Alcaidesa para el exministro y la contratación de Koldo García en Instalibero District SL, pese a que no consta que realizara actividad alguna. Aldama, considerado el enlace de la trama con Transportes, percibió además más de 292.000 euros de la empresa Have Got Time SL.
El documento, de 182 páginas, describe cómo Rivas logró sortear la obligación legal de acreditar tres millones de euros en fondos propios para que Villafuel pudiera optar a la licencia. Aunque el empresario disponía de esa cantidad, temía los riesgos reputacionales y judiciales de vincular la capitalización directamente a su nombre.
La investigación sitúa el inicio de las gestiones en diciembre de 2020, cuando Rivas pidió a Aldama contactar con Ábalos.
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Víctor de Aldama
Los diálogos reveladores
Los mensajes intervenidos muestran que Aldama aceptó mediar: “Okkkkk lo tengo fácil jajajajajjaja (…) tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa mover todo (sic)”. El 28 de diciembre se produjo una primera reunión en el Ministerio de Industria, mientras las “mordidas” ya estaban en marcha. Un día antes, Koldo García había enviado a Ábalos enlaces a anuncios de chalets, entre ellos el de La Alcaidesa.
En 2021, las presiones se trasladaron al Ministerio para la Transición Ecológica, competente en materia de hidrocarburos. Koldo García intervino en abril y julio ante Isaac Pons, después de que la licencia se viera comprometida por la falta de acreditación de solvencia financiera. En una conversación del 8 de julio, García pidió una reunión para entregarle “los papeles” de la solicitud.
Según la UCO, en junio de 2021 los investigados confiaban en que Ábalos lograría el resultado esperado. Entonces se activó el “pago de las contraprestaciones económicas pactadas”: se formalizó la compra del chalet “elegido” por el exministro y se transfirieron 292.416,66 euros a la empresa de Aldama MTM 180 Capital SL.
El informe recoge también un intercambio entre Leonor González Pano y Natán González cuando la licencia finalmente se concedió. “Ya es oficial, ya tenemos el título de la operadora”, afirmó ella. “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito (sic)”, respondió él.
