La Ciudad Autónoma de Ceuta atraviesa una situación asistencial al límite tras la grave avalancha migratoria procedente de Marruecos registrada el pasado fin de semana. Las autoridades locales han acogido hasta la fecha a cerca de 1.000 menores no acompañados (menas), una cifra que satura la capacidad operativa de las dependencias e infraestructuras municipales. El rechazo se expresó claramente en otras comunidades autónomas ante una posible redistribución para acoger a los menores.
Según datos oficiales del Ejecutivo autonómico, la atención efectiva alcanzaba este lunes los 862 menores en los centros habilitados. En concreto, las dependencias oficiales del centro de acogida de La Esperanza, la nave del Tarajal Nueva Esperanza y los dos recursos de urgencia dispuestos en Piniers censan a casi 900 niños y adolescentes, todos ellos de nacionalidad marroquí.
Sin embargo, la Administración local advierte de que la cifra real superará holgadamente el millar. La Policía Local mantiene un operativo de búsqueda continua en el entorno fronterizo y en el polígono industrial del Tarajal para localizar a decenas de menores no identificados. Se tiene constancia de que muchos de ellos se encuentran ocultos en asentamientos ilegales y en los montes de la ciudad, mientras que otros han optado por retornar voluntariamente a Marruecos junto a sus familias tras realizar el cruce irregular. En la gestión de la crisis, la Ciudad Autónoma atiende el centro principal de La Esperanza, mientras que las entidades sociales SAMU y Engloba operan los recursos provisionales.
El Ejecutivo moviliza 25 millones y exige la colaboración autonómica
Ante la gravedad de la situación en la frontera sur, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la habilitación de una partida presupuestaria extraordinaria de 25 millones de euros dirigida a Ceuta. Esta transferencia de crédito extraordinario, tramitada desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, tiene por objeto financiar la atención de urgencia a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Saiz ha subrayado que con esta medida el Ejecutivo demuestra su respaldo directo a la ciudad autónoma y a los colectivos más vulnerables. Asimismo, la titular de Migraciones ha apelado formalmente a la responsabilidad y colaboración institucional de las comunidades autónomas para gestionar un contexto complejo que persiste varios días después del cruce masivo.
La ley de extranjería y el mecanismo obligatorio de redistribución
La gestión del flujo migratorio remitido desde la frontera se enmarca en la normativa vigente, la cual establece la obligación de todas las comunidades autónomas de participar en la acogida y reubicación de menores extranjeros no acompañados. Este mecanismo se activa cuando el Gobierno declara la situación de contingencia migratoria al constatar que un territorio no puede absorber de forma autónoma la llegada masiva de personas.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería impone un sistema de reparto obligatorio encaminado a evitar el colapso de los servicios de protección en regiones con alta presión, como Canarias o Ceuta. La ley determina plazos estrictos para los traslados, asigna al Estado la función coordinadora y garantiza la dotación económica necesaria para su ejecución. De este modo, la norma preceptúa una distribución solidaria y vinculante en todo el Estado, anteponiendo el interés superior del menor.
Rechazo rotundo del PP y Vox: del colapso madrileño a la seguridad nacional
A pesar del marco legal, el anuncio del plan de atención y posible redistribución ha generado un rechazo tajante en las fuerzas de la oposición y en diversos gobiernos autonómicos. Desde el Partido Popular y la formación de ultraderecha Vox se ha anticipado una negativa frontal a acatar las cuotas de traslado.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, rehusó precisar si las comunidades donde gobierna su formación acogerán a los menores, argumentando que no se trata de una crisis migratoria sino de una crisis de seguridad nacional que difiere de episodios anteriores. Tellado exigió al Ministerio del Interior y al de Defensa que garanticen la seguridad ante una avalancha que cuantificó en casi 80.000 personas que han entrado a la ciudad autónoma, aseverando que la responsabilidad de resolver el problema recae en el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, criticó que no se haya producido ningún contacto por parte del Ejecutivo central tras la llegada masiva. García Martín afirmó que los recursos de atención a menores están al límite en todas las autonomías, incluida Madrid, e instó al Gobierno a poner fin al caos migratorio evitando derivar su incompetencia a las comunidades autónomas.
La negativa de tres comunidades y la amenaza de Junts por los traslados de menas
El rechazo se ha concretado de forma coordinada en tres gobiernos regionales sustentados por alianzas entre el Partido Popular y Vox. Los Ejecutivos de Castilla y León, Extremadura y Aragón han anunciado el uso de todas las vías legales, jurídicas y políticas a su alcance para paralizar cualquier derivación de menores a sus territorios.
En Castilla y León, la Vicepresidencia primera, a cargo de Carlos Pollán, de Vox, invocó el acuerdo de gobierno de coalición para mostrar su oposición frontal. De manera análoga, la Consejería de Servicios Sociales de Extremadura, dirigida por Óscar Fernández Calle, confirmó que no habilitará nuevos centros de acogida ni ampliará plazas, comprometiéndose a trabajar por la devolución de los menores a sus países de origen. En esa misma línea, el Gobierno de Aragón anunció el uso de todos sus instrumentos legales para frenar cualquier medida que considere una intromisión en sus competencias o un menoscabo a los servicios públicos locales. Andalucía y el resto de ejecutivos del PP en solitario no han fijado posición oficial por el momento.
A este bloqueo regional se sumó la postura de Santiago Abascal, líder de Vox, quien manifestó en la red social X que ni un solo euro de los españoles debe ir destinado a menores no acompañados, a los que calificó de invasores, ni a las mafias o a Marruecos.
Paralelamente, la tensión política ha salpicado al Congreso de los Diputados. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, lanzó un ultimátum al Ejecutivo advirtiendo de que su formación no dará ni un voto si Cataluña no queda expresamente excluida del reparto de menores, recordando que ya lograron dicho margen en la crisis de Canarias.
Nogueras arremetió además contra Esquerra Republicana por asumir los traslados y aceptar, según criticó, que se siga tensionando un territorio que no puede asumir más carga asistencial.
Robles señala a las mafias mientras Marlaska defiende la relación con Marruecos
En el plano diplomático y ministerial, la crisis ha puesto de manifiesto matices en la valoración de los acontecimientos entre los miembros del Gabinete. La ministra de Defensa, Margarita Robles, instó formalmente al Gobierno de Marruecos a investigar lo sucedido hasta el final para esclarecer los movimientos en la frontera de Ceuta y Melilla. Robles denunció el drama humano existente y enfatizó que no se puede utilizar a menores echándoles a la muerte, responsabilizando directamente a las mafias que organizan los cruces y engañan a las personas.
En contraste, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ante sus homólogos europeos durante una reunión telemática la efectividad de la política migratoria española, a la que definió como preventiva, sólida y no cortoplacista. Marlaska destacó a Marruecos como un socio leal con el que se mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua, recalcando que no cabe duda sobre el compromiso y la diligencia de España en la tutela de las fronteras comunitarias.
