La presentación de la tapa de `Lux´, el nuevo álbum de Rosalía en la emblemática Plaza de Callao de Madrid sigue generando controversias. En las últimas horas se conoció que se investiga una posible alteración grave de la seguridad, lo que ha llevado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a confirmar que el Ayuntamiento está evaluando posibles sanciones para la cantante.
Según el informe de la Policía Municipal, la presentación provocó una aglomeración imprevista de más de 500 personas, lo que obligó al despliegue de unidades antidisturbios y al desvío del tráfico en la Gran Vía para garantizar la seguridad pública. "Como consecuencia de las acciones que se llevaron a cabo, hubo que desplazar ocho indicativos de la comisaría de Centro Sur y unidades antidisturbios para contener la situación", explicó el alcalde. También se cerró un acceso a la estación de Metro en la zona, afectando el servicio de transporte público.
La falta de autorizaciones y la afectación al orden público
El alcalde expresó su satisfacción por el hecho de que Rosalía haya elegido Madrid y un lugar tan emblemático para su presentación, calificando la ciudad como un "referente global para artistas". Sin embargo, subrayó que "se pueden hacer las cosas de manera diferente" y destacó que la presentación no cumplió con todos los requisitos legales. "Este acto en la vía pública carecía de las autorizaciones correspondientes del Ayuntamiento", recordó Almeida, quien también subrayó que, al tratarse de una concentración de más de 500 personas, se debió haber solicitado una autorización a la Delegación del Gobierno.
Qué medidas podrían adoptar
El primer edil concluyó que, aunque el Ayuntamiento está encantado de colaborar con artistas internacionales como Rosalía, se debe priorizar la seguridad de los ciudadanos. "Estamos estudiando qué es lo que hay que hacer, por un acto en vía pública que no cumplió con los requisitos legales y por la alteración del orden público", indicó Almeida. El Ayuntamiento podría trasladar el caso a la Delegación del Gobierno para que se adopten las medidas necesarias en cuanto a la legalidad de la concentración.
