El sueldo más habitual en España es ya apenas un 3% más alto que el salario mínimo
La brecha entre el salario mínimo interprofesional (SMI) y el sueldo más habitual en España se ha reducido "drásticamente" entre 2018 y 2023, pasando del 40% al 3% por la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y la trabajadora, según se desprende del informe Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico del Instituto Juan de Mariana que asegura que a medida que sube el sueldo mínimo se produce un achatamiento de la estructura salarial por la base.
El 'gap' entre el SMI y el sueldo modal ha pasado de superar los 8.000 euros a ser de poco más de 400 euros, señala el informe que parte de la tesis de cómo se "aplanan" los sueldos tras las "subidas masivas del SMI y otras políticas distributivas en este periodo "debido a las políticas salariales del actual Gobierno, que han hecho que el SMI pasara de estar en el entorno de los 10.000 euros anuales en términos reales a rozar los 13.370 euros, lo que supone un incremento del 26%".
A la par que el SMI ha subido, el sueldo más común ha caído desde 2018 al pasar de suponer casi 18.000 euros, una vez descontada la inflación, a representar apenas 13.800 euros en 2023. "En euros constantes, el diferencial entre SMI y sueldo más frecuente ha pasado de los 6.800 euros en 2018 a situarse prácticamente en igualdad en 2023", señalan los autores, Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios del IJM, y Fernando Pinto, doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid y también asesor del IJM.
Esta convergencia salarial se explica "por la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y clase trabajadora y no así porque España se haya vuelto un país más próspero que retribuye mejor a quienes menos ganan", subrayan.
El informe elaborado por la institución presidida por Manuel Llamas Fraga detalla que entre 2018 y 2023 el salario mínimo interprofesional subió un 26% en términos reales, mientras que en el mismo periodo, el sueldo más frecuente en España subió de casi 16.000 a menos de 14.000 euros. "Como consecuencia de esta senda tan divergente, la brecha entre el SMI y el sueldo modal se ha reducido drásticamente. Si hace años llegó a superar los 8.000 euros, hoy esta distancia es de poco más de 400. En términos porcentuales, la diferencia pasó del 40% al 3%".
"Lo que ha ocurrido es que los salarios del tramo central de la distribución han perdido poder adquisitivo, a base de quedar esencialmente estancados en un contexto de baja productividad, inflación elevada y escaso dinamismo económico. Todo ello mientras el salario mínimo ha subido con fuerza a golpe de decretazo", concluyen.
El informe destaca que las subidas del SMI han conllevado exclusión laboral y destrucción de empleo. "En 2019 eliminó hasta 174.000 empleos, y el efecto acumulado 2019-2023 alcanza 210.000, pudiendo llegar a 270.000 en 2024". Cita que la patronal Cepyme "va más allá y estima que, hasta 2025, las empresas de menor tamaño dejaron de crear 350.000 empleos" por el "incremento indiscriminado del salario mínimo".
Así, esta política económica produce un achatamiento de la estructura salarial por la base. Más alarmante aún, prosiguen, "España es el cuarto país de la OCDE con peor evolución de los salarios en las tres últimas décadas. Para los autores, "el fuerte incremento del SMI ha generado el problema del igualitarismo en la precariedad.
Aducen que "los salarios están cada vez más comprimidos, la productividad sigue estancada y, para colmo, tenemos cifras falsas de reducción del paro y datos crecientes de gasto asistencial". En los últimos años, "la nefasta imposición administrativa ha ido de la mano de un asistencialismo letal, con consecuencias empobrecedoras para millones de hogares."
Y en los últimos años, "al acercarse el salario modal al mínimo, se ha exacerbado esta tendencia al estancamiento, puesto que se reducen los incentivos a formarse, mejorar profesionalmente o asumir responsabilidades, frenando la movilidad social y alimentando economía sumergida y los empleos precarios", añade el trabajo. "La vía sostenible requiere más productividad y competencia, no o decretazos políticos que solamente consiguen que el SMI se convierta en un techo empobrecedor".
Durante los últimos años, "la política laboral española ha girado en torno a una subida histórica del SMI, que ha crecido un 32%, en términos reales, entre los años 2009 y 2023, siendo el aumento del 26% en el periodo directamente imputable a la Administración Sánchez (es decir, desde 2018 en adelante)".
"El discurso del Gobierno sobre esta cuestión es de lo más simplista: subir el SMI es cuestión de "justicia social" y su incremento continuado no acarrea ningún tipo de impacto negativo". Sin embargo, los autores describen una situación "menos favorable y más preocupante" porque "cuanto más se eleva el SMI, menos crecen los salarios del resto de trabajadores y más se consolida un fenómeno cada vez más evidente: el de la gran igualación hacia abajo del conjunto de los salarios".
"Al medir su peso en términos reales (es decir, ajustado a la inflación), vemos que el salario mínimo ya roza el salario modal - es decir, el salario más frecuente en España. Y eso, lejos de ser una victoria, es una señal inequívoca del estancamiento salarial que está experimentando el grueso de la población".
Así, se produce un "achatamiento de la estructura salarial por la base", porque "subir el SMI de acuerdo con "directrices políticas" hace que pase de actuar como "palanca de mejora" a hacerlo como "techo empobrecedor" con "efectos negativos para el grueso del mercado laboral".
"El gobierno se atribuye una caída del paro de 600.000 personas, pero los datos reales sugieren que el descenso es de apenas 70.000, puesto que la reclasificación de fijos discontinuos no activos como ocupados supone casi el 90% de la mejora comunicada por el Ejecutivo", continúan, afirmando que el Gobierno está haciendo "maquillaje estadístico" y "contabilidad creativa".
El resultado de la "política de rentas" que han impulsado con determinación el presidente Pedro Sánchez y la ministra del ramo Yolanda Díaz es que el salario más habitual del país es ya prácticamente el salario mínimo. La distancia del 40% que antes existía entre ambas rúbricas se sitúa ahora en el entorno del 3%.
"Mientras tanto, el gasto en el ingreso mínimo vital se multiplica por nueve y España tiene ya más de 7 millones de personas percibiendo subsidios, con un coste anual de 28.500 millones de euros". España se ha convertido en un país en el que cada vez más gente cobra cantidades cercanas al mínimo legal. No se logra una igualdad en la prosperidad, sino que se consolida el igualitarismo de la precariedad.
"El gobierno está haciendo todo lo posible por cultivar la dependencia de millones de españoles que sufren las consecuencias de un mercado de trabajo disfuncional (...). El mejor ejemplo lo tenemos en los comunicados que el Ejecutivo emite a bombo y platillo cada vez que pretende divulgar como un éxito el aumento en el número de perceptores del Ingreso Mínimo Vital (...)".
"Mantener en pie semejante montaña de políticas asistenciales acarrea un coste de 28.5000 millones de euros anuales y redunda de forma directa en los incentivos que enfrentan millones de personas a la hora de decidir si optan por trabajar o prefieren quedarse en casa y vivir a costa del erario público".
"Cuando el salario mínimo se acerca al salario más frecuente, desaparecen los incentivos para la mejora profesional, la formación y el ascenso laboral, porque la recompensa salarial por progresar se reduce a la vez que se debilita la movilidad social, se presiona a sectores intensivos en mano de obra, se fomenta la economía informal y se dificulta la creación de empleo estable, especialmente entre jóvenes y trabajadores con menor cualificación".
"También se debilita la movilidad social, se presiona a sectores intensivos en mano de obra, se fomenta la economía informal y se dificulta la creación de empleo estable, especialmente entre jóvenes y trabajadores con menor cualificación. La política salarial pierde su anclaje en la productividad y la meritocracia propia de las dinámicas del mercado y, en cambio, pasa a funcionar en base a directrices políticas. En un contexto así, la subida del salario mínimo no actúa como palanca de mejora, sino como un techo empobrecedor que tiene efectos negativos para el grueso del mercado laboral". "La nefasta imposición administrativa que hemos visto en los últimos años ha ido de la mano de un asistencialismo letal, con consecuencias empobrecedoras para millones de hogares".
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Un trabajador en un centro logístico
La brecha entre SMI y sueldo medio por territorios
El informe agrega que "el incremento del SMI ha resultado especialmente exigente para las empresas dedicadas a sectores más intensivos en mano de obra (caso de hostelería, comercio, limpieza o servicios auxiliares) que operan en zonas del país donde los niveles de renta son más bajos. En total, el SMI se sitúa por encima del 60% del sueldo medio en 42 de las 50 provincias españolas y, de hecho, supera el 75% en 34.
Las provincias donde el salario mínimo representa un mayor porcentaje del salario medio son Ávila (78,7%), seguida de Zamora (77,3%), Badajoz (75,8%), Murcia (75,7%) y Alicante (74,2%). A continuación, aparecen Salamanca (73,7%), León (73,2%), La Rioja (72,8%), Jaén (72,6%) y Cantabria (72,6%), junto con Toledo (72,5%) y Segovia (72,2%). Finalmente, Cádiz (71,7%) y Teruel (70,7%) cerrarían el listado de áreas que se sitúan por encima del umbral del 70%.
En cuanto al peso del SMI sobre el salario medio que pagan las pequeñas y medianas empresas, la provincia con mayor incidencia sería Ávila (90,8%), seguida muy de cerca por Zamora (89,1%), Badajoz (87,3%), Murcia (86,7%) y Alicante (85,4%). A continuación se sitúan Salamanca (84,9%), León (84,4%), Toledo (83,5%), La Rioja (83,3%), así como Cantabria (83,1%) y Segovia (83,1%), junto con Jaén (83,6%). En el siguiente tramo aparecen Cádiz (82,6%), Teruel (81,4%), Baleares (79%) y Tenerife (79%), acompañadas de Córdoba (79,7%), Asturias (78,8%), Las Palmas (78,5%), Cáceres (78,4%), Granada (78,1%) y Pontevedra (77,9%). Tras ellas se sitúan Málaga (76,9%) y Huesca (76,9%), seguidas por Guadalajara (76,3%), Orense (75,3%) y Huelva (74,7%).
Si se analizan los datos a nivel autonómico, Extremadura sería el caso más destacado: en dicha región, el salario mínimo supone el 72,8% del sueldo medio autonómico. Además, se alcanzan umbrales muy elevados en Canarias (68,5%), Murcia (67,4%), Andalucía (66,5%) o Castilla y León (65,9%). Únicamente cuatro territorios alcanzan porcentajes más reducidos: Madrid (52,3%), País Vasco (54%), Navarra (56%) y Cataluña (56,7%).
