La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) señaló este miércoles que es "imposible" aplicar el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Ejecutivo y la Comunidad de Cataluña, y consideró que el pacto supone el principio de la "desaparición del Estado" si se extiende al resto de comunidades autónomas, a la vez que exigió la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La IHE presentó un informe en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) que también indica que el acuerdo implicaría la "desaparición" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría "troceada" y "repartida" entre todas las regiones.
Se romperían, bajo su punto de vista, algunos principios "básicos" de la Hacienda española, como que el sistema de información debe ser único, que tiene que existir una caja única y que la gestión de las retenciones se debe hacer de forma "integrada", argumentaron.
El rechazo de los inspectores de Hacienda se suma al de los presidentes de regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) y algunas del PSOE, como Castilla La Mancha y Andalucía, que se posicionaron contra el acuerdo que permitirá que Cataluña gestione de forma progresiva el 100% de los tributos que se recaudan en su territorio, comenzando con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
"No es realista" la recaudación del IRPF prevista para 2026
La asociación sostuvo que la gestión del 100 % del IRPF prevista para 2026 resultaría "imposible" porque, bajo su punto de vista, no es "realista", ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana.
Con ello, la "rapidez" a la hora de realizar las devoluciones en las declaraciones de la renta caería de forma drástica.
"Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales", añadió.
Aunque evitó dar cifras de lo que dejarían de ingresar las arcas públicas, expusieron que, en base a los últimos datos disponibles, que se remontan a 2022, los impuestos catalanes suponen el 19,35 % del total nacional. Ese año, el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los que 49.434 provenían de Cataluña.
El pacto tendría "consecuencias" en la lucha contra el fraude fiscal, también por la diseminación de los datos al separar la hacienda española y la catalana.
"Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude", insistieron.
