El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó con 64 millones de euros a la plataforma de alquiler turístico Airbnb por publicar anuncios de alojamientos sin licencia, entre otras infracciones, según informó este lunes el departamento que encabeza Pablo Bustinduy.
La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras resolverse el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.
Prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa
La sanción se basa en 65.122 anuncios detectados en la plataforma que incumplían la normativa de consumo. Entre las infracciones señaladas figuran la publicación de alojamientos turísticos sin licencia, en contra de las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
Consumo también identificó números de licencia falsos o incorrectos y anuncios que no ofrecían información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa para los consumidores.
Por estos hechos, el Ministerio impuso una sanción por infracción grave de 64.055.311 euros, una cantidad que, según explicó Consumo, equivale “a seis veces el beneficio ilícito” obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento inicial hasta la retirada de los anuncios.
Sanciones accesorias y respaldo judicial
El fallo incluye dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos y haciendo pública la multa impuesta.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.
Incumplimientos en contratos a distancia y obstrucción
Además de la sanción principal, Consumo identificó una infracción leve por incumplimiento del régimen de los contratos celebrados a distancia, al omitirse información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado, sancionada con 10.000 euros.
El expediente recoge también la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción, al no responder la plataforma a los requerimientos del Ministerio, otra infracción leve sancionada con 10.000 euros.
Por último, se constató el incumplimiento de órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor para evitar perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente, una infracción grave sancionada con 55.000 euros.
Expedientes a agencias inmobiliarias y contexto de vivienda
En el ámbito de la vivienda, el Ministerio recordó que mantiene expedientes sancionadores abiertos contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia inquilinos en la gestión del alquiler.
Estas actuaciones se enmarcan en el objetivo del Ejecutivo de atender la crisis de la vivienda en España. Bustinduy afirmó que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, y subrayó que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.
