Desde el 1 de julio, el entonces presidente español Pedro Sánchez (PSOE) ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Hasta ahí, el engranaje europeo en marcha.
Pero la sorpresa del 23-J desbarató cualquier pronóstico: Sánchez -en apariencia destinado a una derrota segura en las elecciones generales- hoy negocia con otros partidos para volver a ser Gobierno.
Es en medio de esa recia pelea por permanecer en el poder que en Bruselas se preguntan si no se habrán quedado con un presidente fatalmente distraído.
En su calidad de presidente en funciones, Sánchez continúa al frente del Consejo de la UE que por estos días tenía al tope de la agenda definir cómo será la adopción de las normas fiscales del bloque, lo que implica reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Hace cuatro años que estas metas fiscales fueron suspendidas a raíz de la pandemia pero estarán vigentes nuevamente en 2024.
No es tan fácil volver a ordenarse. Para facilitarlo, se pensó un complejo esquema de transición que contemple la situación de la que parte cada país. Pero como suele ocurrir en casi todos los temas, Berlín y París no se ponen de acuerdo.
Mientras tanto, aunque el protagonista es el mismo, otra historia ligada al hiato político es la que ocurre en España.
Sánchez no está facultado para aprobar a tiempo un Presupuesto que se amolde a la nueva disciplina que pide Bruselas.
La Unión Europea, y este es el gran desafío, tiene previsto reactivar los límites del 3% de déficit público para cada país sobre el PIB y el 60% de cada deuda.
En el último Programa de Estabilidad remitido a Bruselas por España, se prometía rebajar el déficit al 3% ya en 2024 -un año antes de lo previsto- con un ajuste de 12.000 millones de euros y un incremento de la presión fiscal al 40% del PIB.
Hacienda de España incluso calculaba que para el 2025 el país tendría superávit primario.
Pero por el momento, España registró el año pasado un déficit de 4,8% del PBI y posee una deuda del 113% del producto.
Sánchez, por inmerso que esté en el ajedrez político y electoral que podría asegurarle quedarse en La Moncloa, debería aprovechar su posición en la UE para sellar un consenso que garantice la mayor flexibilidad posible en la adecuación a los estándares del bloque. España ya tiene suficiente.
Volver a las metas: la pelea entre Alemania y Francia
Para hacer frente a la pandemia, los 27 países de la UE acudieron en 2020 a sus colchones fiscales o recurrieron al endeudamiento masivo con paquetes de estímulos sin precedentes que representaron el 8% del PIB y medidas de liquidez que alcanzaron el 19% el PIB.
El criterio adoptado por las autoridades fue que una vez que todos hayan recuperado el nivel del PBI previo a la irrupción del Covid en 2019, recién entonces se volverían a aplicar las metas fiscales. Pasaron cuatro años y en 2024 se activan nuevamente.
Pero nunca faltan las disputas internas. Hay dos grandes propuestas sobre la mesa: la alemana, que plantea un ajuste más rápido y sin excepciones para evitar que el proceso se dilate como sucedió la década pasada, y la francesa, que prevé una mayor discrecionalidad y teme el impacto que los recortes pueden tener sobre la inversión (en lugar de ser aplicados sobre el gasto corriente) y, por lo tanto, sobre el crecimiento.
En lo que se refiere a Sánchez, muchos se preguntan si un Gobierno en funciones no tendrá menos autoridad para doblegar las resistencias de los socios más ortodoxos a una flexibilización excesiva de los límites fiscales que dilate demasiado la corrección de los desequilibrios.
En todo caso, sí existe un acuerdo básico en cuanto a que no habrá techos comunes para todos los Estados miembros sino ajustados a la situación de cada país.
Por eso, en la Unión Europea hablan de transición y explican que lo esencial es que se establezcan sendas de ajuste creíbles del déficit y la deuda. Quienes no puedan cumplir con el valor de referencia del 3%, por ejemplo, deberán -según la última propuesta- recortar un mínimo anual de 0,5% del PBI.
Por ahora, además, no habrá estigma para los rezagados. No habrá sanciones por el momento. Al menos, no hasta la primavera del año que viene.
Déficit fiscal con vía libre
Si miramos el caso español, en 2018 y 2019 se cumplió con la exigencia europea con una disciplina ejemplar: el déficit fue de 2,59% y 3,09% del PBI, respectivamente.
Para el 2020, en pleno shock pandémico y con metas suspendidas, el déficit se disparó a 10,13%.
Desde entonces, el ajuste español se fue dando en forma progresiva. Se redujo a 6,87% para 2021 y 4,81% para 2022. Según el Gobierno, este año terminará en 4% del PBI.
¿Cómo es que se achicó el déficit en España? Básicamente, aumento de la presión tributaria que alimentaron los ingresos, ya potenciados por el impacto de la inflación.
Hacia adelante, el Gobierno de Sánchez asegura que no le preocupa que se diluya este efecto inflacionario, ya que el peso de los impuestos crecerá (y los ingresos seguirán incrementándose por encima de la inflación) y habrá un recorte del gasto.
Si comparamos con otros países europeos, la evolución es bastante dispar.
Por ejemplo, en 2020, sólo el Reino Unido superó a España con un déficit que trepó al 13%.
Francia e Italia fueron otros dos países muy complicados con 9% y 9,7%, respectivamente.
Lo interesante es que Francia pudo ir moderando el déficit con 6,5% en 2021 y 4,7% en 2022, mientras que Italia, partiendo casi del mismo nivel, apenas logró una mejora hasta 9% en 2021 y hasta 8% en 2022.
Entre los mejores alumnos está Alemania, que casi ni se alejó de la meta en lo peor de la crisis. En 2020 su déficit fue del 4,3% pero para 2021 era del 3,7% y en 2022 estaba en 2,6%, por debajo del requerimiento del bloque.
Notable el caso de Portugal, donde en el peor momento de 2020 el déficit alcanzó 5,8% del PBI pero que para el año pasado ya era de 0,4%.
Suecia, casi de otro planeta, tuvo un rojo de 2,8% en plena crisis pero para el año siguiente era de 0. El año pasado registró 0,8%. Quizás estén preocupados.
Ni Uruguay ni Argentina tendrían de qué preocuparse de estar sometidos otra vez a este régimen de buena conducta: con 2,5% y 2,4% del PBI en 2022, ambos tuvieron déficit alineados con los requisitos europeos.
El regreso de las metas es una vuelta a la normalidad y a la vieja y primigenia vocación de convergencia europea, aunque con un gran baño de realismo. Después de varios años sin vigilancia de la UE, no deja de poner algo nerviosos a los miembros.
Como dijo la presidenta de la Autoridad Fiscal en España, Cristina Herrero, “llevamos tiempo diciendo que nos iba a pillar el toro y que tarde o temprano iban a volver las reglas fiscales”.
Parados sobre una montaña de deuda
Con la pandemia también explotó el nivel de deuda pública.
Se calcula que el incremento de la deuda fue de 8 puntos del PIB en Europa desde que empezó la crisis del coronavirus y casi el doble en España. Luego, los gastos para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania también inflaron el endeudamiento.
En un momento de altas tasas de interés -que aún pueden seguir al alza-, el costo de esa masa de deuda se encarece y amenaza con asfixiar a las economías. Limita su capacidad para reducir su volumen de pasivos y las vuelve más vulnerables a shocks externos.
La deuda de España es de 1,54 billones de euros. Hasta el año 2008 permaneció estable, pero a partir de marzo de 2008, cuando se encontraba en un nivel de 380.270 millones de euros, comenzó a subir, primero lentamente y después de forma exponencial. Desde entonces escaló un 305%, es decir, se cuadriplicó.
Este nivel de deuda equivale al 113,2% del PBI español y si bien está muy lejos del 60% al que aspira la UE tampoco es lo peor del vecindario.
Portugal tiene un ratio similar, Francia está apenas por debajo con 111,6%, Italia está en una situación aún más delicada con 144,4%, al igual que Grecia con un apabullante 171,3%.
Alemania, una vez más, muy prolija, con 66,3%. Suecia, con apenas 33%, registra la mitad de la deuda que establece el objetivo europeo. Cualquiera de esas cifras, de todos modos, palidece si la contrastamos con la de Japón, el país más endeudado del mundo, con 255% del PBI.
Si miramos por nuestras latitudes, en el caso de Uruguay, con una deuda pública en relación del PBI de 61% en 2022 estaría de vuelta alineado con los estándares europeos.
Argentina, en cambio, ya se escapa de la buena letra y con un 85% del PBI no queda tan bien parada.
En cuanto a la deuda que deja Sánchez, el último dato disponible de mayo, muestra que España aumentó la deuda en casi 385.000 millones de euros, según el Banco de España.
El riesgo se vincula a la capacidad del país de pagarla o renovarla si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda pública (una forma de sostener los precios de esos bonos e inyectar liquidez en los mercados) y al impacto de intereses cada vez más altos en el presupuesto.
En ese sentido, los detractores de Sánchez son implacables.
No haber reducido el endeudamiento es insostenible en una coyuntura de recaudación récord por la suba de impuestos y la inflación. Pero es sabido que en un año electoral el gasto no se toca. Clásicos de la política que no pierden vigencia.