Contexto
¿Qué datos ha entregado el Ministerio al Ayuntamiento de Madrid?
El Ministerio ha entregado un archivo digital al Ayuntamiento que incluye 16.335 anuncios de pisos turísticos en Madrid, mientras que solo se han concedido 1.131 licencias. Los datos proporcionan información detallada, como direcciones, URLs de anuncios, y el tipo de alojamiento, con indicios claros de ilegalidad en varios casos.
¿Por qué el Ministerio considera que esta situación es preocupante?
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ve el número de pisos turísticos ilegales como "muy preocupante" porque afecta tanto a la legalidad del mercado inmobiliario como al derecho de la ciudadanía a acceder a vivienda. Estas viviendas ilegales están limitando la oferta de vivienda destinada a residentes permanentes, lo que genera una presión adicional sobre el mercado de alquiler.
¿Cómo ha actuado Barcelona ante esta situación?
El Ayuntamiento de Barcelona ha logrado retirar miles de anuncios de pisos turísticos ilegales, devolviendo una gran parte al mercado de alquiler para residentes. El Ministerio ha citado este ejemplo como un modelo a seguir para Madrid, enfatizando la necesidad de una "actuación decidida" por parte de las autoridades locales.
¿Qué más está haciendo el Ministerio al respecto?
Además de la entrega de datos al Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio ya abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de viviendas en diciembre pasado por el incumplimiento de la normativa. Esta medida demuestra la postura del Ministerio en cuanto a la vigilancia y sanción de las actividades ilegales relacionadas con los pisos turísticos.
Cómo sigue
El Ministerio de Derechos Sociales sigue presionando al Ayuntamiento de Madrid para que actúe en contra de los pisos turísticos ilegales, solicitando la eliminación de los anuncios y el inicio de procedimientos sancionadores.
A medida que el Consistorio de Barcelona ha demostrado éxito con su enfoque, se espera que Madrid siga su ejemplo, implementando medidas que contribuyan a la regularización del mercado y a la liberación de vivienda para los residentes permanentes. La presión sobre los gobiernos locales para regular este sector crece, y si Madrid no toma medidas efectivas, es probable que aumenten las críticas y la intervención de otras instituciones.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy
FUENTE: El Observador - Europa Press
