Diez comunidades autónomas también reclamaron ante el Tribunal Constitucional por "invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social.
La Comunidad de Madrid presentó el tercer recurso ante el Tribunal Supremo en rechazo del último decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados por "vulnerar de nuevo competencias autonómicas".
Este recurso judicial llega después de los dos reclamos anteriores presentados por la Administración autonómica: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto aprobado por Consejo de Ministros el pasado 22 de julio.
Junto con Madrid y otras 10 comunidades autónomas reclamaron ante el Tribunal Constitucional por "invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas".
La comunidad denuncia que el reparto de menores ha sido pactado "con partidos independentistas" y que, por tanto, beneficia a Cataluña y País Vasco frente al resto de autonomías. Así, considera además que "aboca a una desigualdad entre regiones" dado que no garantiza la financiación para atender a los menores desplazados. "No vamos a ser cómplices de una política migratoria fallida",
aseveró el portavoz.
Además de las presentaciones judiciales, la Comunidad de Madrid sigue reclamando explicaciones al Gobierno central sobre la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, a excepción del País Vasco y Cataluña, lo que considera "arbitrario, opaco y discriminatorio".
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, lideró ayer una concentración frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en Madrid, para reclamar el cierre de este centro y de “todos los centros de ilegales” de España.
La convocatoria, que había sido prohibida por la Delegación del Gobierno, se convirtió en un nuevo episodio de tensión política en torno a la inmigración y la seguridad.
Días atrás un menor migrante de 17 años que se alojaba en el centro de acogida, fue detenido por la violanción de una menor de 14 años en un parque cercano al centro.
El caso continúa generando fuertes críticas y divisiones, mientras se espera que la Comunidad de Madrid y el gobierno central encuentren una solución al problema de la gestión de los centros de acogida y la seguridad de los menores.
FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EUROPA PRESS