El cruce ilegal de miles de personas hacia Ceuta no solo desnudó la fragilidad española, sino que también expuso la naturaleza del régimen marroquí, capaz de utilizar la desesperación de su población como instrumento de política exterior y válvula de escape de sus tensiones internas.
Para comprender lo ocurrido en el paso fronterizo del Tarajal, entre Marruecos y Ceuta, y en las playas de Fnideq, la ciudad marroquí vecina, hay que mirar hacia Rabat y, sobre todo, hurgar en la aparente normalidad institucional y democrática que el reino procura proyectar hacia el exterior.
El poder detrás de las urnas
El país celebra elecciones legislativas competitivas e incluso fortaleció el rol del Parlamento con una reforma constitucional en 2011. Sin embargo, Freedom House otorga 37 puntos sobre 100 en su evaluación de derechos políticos y libertades civiles en Marruecos: por debajo de Bangladesh y Nigeria (44).
Es que la autonomía del Gobierno marroquí surgido de las elecciones disminuye drásticamente en cuestiones estratégicas. En inteligencia, defensa y política exterior, el Palacio Real posee una posición predominante, que también se proyecta sobre las decisiones económicas del reino.
Lo cierto es que, más allá de la letra constitucional, el poder –formal e informal– se concentra en torno al rey. Mohamed VI (foto) está muy por encima de cualquier otra autoridad surgida de las urnas y a su alrededor opera el entramado de redes de influencia conocido como el Majzén.
En ese entorno se destaca Fouad Ali El Himma, consejero y amigo personal del rey y figura clave desde hace dos décadas en su núcleo más cercano de poder e influencia.
Fuentes marroquíes citadas por medios españoles lo señalaron como posible cerebro de lo ocurrido en Ceuta.
También sobresalen Abdellatif Hammouchi, quien dirige la Policía y la inteligencia interior, y Mohammed Yassine Mansouri, responsable de la inteligencia exterior, encargada de las operaciones de inteligencia fuera del país y caracterizada por una marcada opacidad.
Esta concentración del poder es fundamental para entender lo ocurrido en Ceuta.
El control de la frontera y el despliegue de las fuerzas de seguridad no dependen de autoridades locales autónomas, sino de una estructura muy centralizada y sometida a la autoridad del rey.
En un esquema tan vertical resulta difícil reducir la desaparición de los controles fronterizos a una mera descoordinación. Dos semanas después, ante otra convocatoria para ingresar en Ceuta, Rabat desplegó rápidamente sus fuerzas y blindó todos los accesos fronterizos.
Esto no demuestra que Marruecos haya organizado la avalancha de finales de julio, pero confirma su capacidad para aumentar o disminuir la presión migratoria en la frontera. El flujo migratorio puede convertirse así en un instrumento político informal al servicio de sus objetivos exteriores.
En una foto difundida por la Casa Real marroquí, el rey de Marruecos, Mohamed VI (derecha) saluda al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este miércoles en Rabat
La ingeniería represiva y la fractura social
La concentración del poder político y económico marroquí convive con el uso sistemático de mecanismos de represión y control social que combinan presión judicial, hostigamiento administrativo, difamación y distintas formas de vigilancia digital.
Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas han denunciado estas prácticas.
El historiador Maâti Monjib, por ejemplo, sostuvo que fue perseguido por sus críticas al régimen mediante detenciones, campañas de desprestigio y sucesivos procesos judiciales.
El resultado es un sistema que generalmente evita la represión masiva, pero conserva una enorme capacidad de disciplinamiento selectivo. No necesita perseguir a toda la sociedad: alcanza con demostrar qué puede ocurrirles a quienes desafían determinados límites.
Pero ese control político no elimina las tensiones que atraviesan a la sociedad marroquí. Detrás de los anuncios de grandes inversiones y del crecimiento económico subsiste una profunda fractura social. En 2025, el desempleo juvenil alcanzó el 37,2%.
El problema es mayor en el norte. Fnideq, ciudad vecina de Ceuta, dependió durante décadas del llamado “porteo”, clave para su economía local: el traslado informal de mercancías a través de la frontera, hasta que Marruecos puso fin a esa práctica en 2019 por considerarla contrabando.
Todavía dos años después, hubo protestas por la desaparición de aquella actividad económica en los márgenes de la legalidad. La frustración social resultante convirtió a la emigración en una salida para jóvenes que habían perdido buena parte de sus expectativas en el país.
Una frontera relajada durante algunas horas puede transformar rápidamente esa presión doméstica en un problema español y europeo. Para Marruecos tiene una doble utilidad: disminuye tensiones internas y aumenta, simultáneamente, la presión sobre España.
La debilidad de España y el costo del apaciguamiento
España, mientras tanto, necesita de Marruecos para controlar una frontera que Rabat puede convertir rápidamente en un problema humanitario y también político para Madrid. Esa dependencia constituye una de las principales vulnerabilidades de la política española.
A eso se suma un persistente doble estándar. España invoca los valores democráticos frente a algunos regímenes autoritarios, mientras relativiza su importancia cuando razones políticas, económicas o estratégicas aconsejan mirar hacia otro lado y preservar relaciones convenientes.
Marruecos es uno de los ejemplos más evidentes de esa contradicción. La necesidad de cooperación migratoria, policial y antiterrorista termina relegando a un segundo plano la naturaleza autoritaria del régimen y las prácticas de su aparato de seguridad.
España ha navegado en esa contradicción con la esperanza de obtener estabilidad fronteriza y evitar temblores políticos internos. Pero la crisis de Ceuta dio por tierra con esa idea. Las relaciones con Marruecos son demasiado complejas para dejarlas libradas a los vaivenes del reino.
Por eso, lo ocurrido tampoco puede disociarse del déficit democrático marroquí, quizás uno de los principales talones de Aquiles del reino y una vulnerabilidad que España rara vez parece dispuesta a utilizar en la relación bilateral.
De esa u otra forma, Madrid deberá pensar rápidamente cómo revertir una asimetría que comienza a costarle demasiado cara.
Ceuta es, por eso, mucho más que una frontera: es un recordatorio de que quien delega en otro el control de una vulnerabilidad estratégica termina cediéndole también parte de su autonomía.
Y, en algún momento, quizás también parte de su soberanía.
