Las salidas al exterior del presidente de España no son suficientes para alejar la presión de las causas que enfrentan su esposa, Begoña Gómez; su hermano, sus aliados caídos del PSOE y el procesado fiscal general.
Desde fuera las cosas siempre se ven -y se sienten- mejor.
Los presidentes saben que cuando en casa pierden el crédito o el día a día se les hace irrespirable, no hay nada mejor que subirse a un avión.
Pedro Sánchez se ha vuelto un experto en salir volando de España, pero no del Gobierno donde se ha atornillado a una butaca que le garantiza, mientras la ocupe, una inmunidad de tiempo indefinido, pero no eterna.
El cerco de la corrupción se estrecha en la familia biológica y política del líder socialista que ha demostrado tener una capacidad sobresaliente para marcar la agenda mediática.
Todo le vale con tal de ganar algo de tiempo, y que no se hable de lo importante.
Sánchez huele el filón de la noticia a su favor y lo explota con tenacidad y colaboración de su ejército genuflexo del PSOE.
El presidente del Gobierno se escurre sistemáticamente de la prensa española y vacila o macanea a la internacional en sus viajes. Lo tiene fácil cuando ni CNN, ni Bloomberg, ni la cadena ABC, medios con los que despachó en Nueva York fuera de la Asamblea General de la ONU, ni siquiera se molestaron en preguntarle por los casos de corrupción judicializados de los que, más tarde o más temprano, va a tener que dar explicaciones.
Varios son los asuntos que, por diferentes motivos, al socialista le traen de cabeza y de los que no puede huir para siempre: el de su mujer, Begoña Gómez, el de su hermano David, los de sus dos ex secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdan (entre rejas), y el de Álvaro García Ortiz, el fiscal general que está esperando fecha para el banquillo por revelación de secretos al filtrar datos privados de Alberto Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid y la obsesión/pesadilla del presidente del Gobierno.
La mujer del presidente no sólo debería ser honrada sino parecerlo.
Ni una, ni dos, ni tres causas judiciales… Begoña Gómez, tiene cinco pendientes por resolver.
El matrimonio y el “sanchismo” libran una batalla personal contra el juez Juan Carlos Peinado. Ella, la procesada, dio plantón al magistrado el pasado sábado.
El juez Peinado le comunicó oficialmente a su abogado que si decide, como contempla la ley, mandarla al banquillo (algo que está prácticamente hecho) la juzgará un tribunal popular. Así, no podrán volver a hablar de “lawfare” para desprestigiar a la justicia.
Los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, habían desplegado un cordón policial formidable y autorizado que, como en ocasiones anteriores, la procesada ingresara por el garaje. De este modo, se evitaría ver las pancartas con insultos y acusaciones de corrupción de las concentraciones populares.
El magistrado había citado “personalmente” a Begoña Gómez. Lo mismo hizo con su asistente, Cristina Álvarez y el actual delegado del Gobierno en Madrid y ex jefe de esta, Francisco Martín, cuando presuntamente se cometió el delito de malversación de fondos públicos.
No fue ninguno. Nadie le avisó a Peinado de que podía ahorrarse -en personal y economía- el cordón solicitado de seguridad. El desafío o la burla a la autoridad judicial, en las formas y en el fondo, fue claro.
La defensa sacó de la chistera de 1995 una circular de la Fiscalía donde apreciaba que la presencia de un imputado en una acusación como la suya, no resultaba imprescindible.
El asunto es discutible y no hay coincidencia entre los juristas, pero el desprecio al juez resulta evidente.
Tanto como acusarle de prevaricación como hicieron los ministros de Transporte, Oscar Puente y de Interior, Fernando Grande-Marlasca. Por ese motivo Peinado se ha querellado contra los dos.
En cualquier caso, el juez podrá adoptar medidas o sanciones posteriores por “el faltazo”, pero evitó dar el espectáculo de ordenar llevar por la fuerza a los imputados y siguió con el proceso para evitar, como desea la defensa, más retrasos procesales.
En el mejor de los casos, Begoña Gómez podría salir absuelta y en el peor recibir una condena de entre dos y seis años, sólo por este caso.
Si se demuestra que utilizó a su amiga Cristina, -designada asistente con sueldo público- para hacer sus negocios personales (ella dijo que fue un favor puntual y eso es una confesión), lo tiene crudo. Como si fuera poco, la UCO ha descubierto un centenar de correos que demuestran que la acción fue sistemática.
Las estadísticas advierten que en estos casos con jurado popular el 92 % de los procesados son condenados. Igualmente, podría recurrir hasta llegar al Tribunal Supremo.
David Sánchez no tendrá que esperar como ella.
Irá a juicio oral después de que la jueza Beatriz Biedma, le mandara directo al banquillo tras escuchar atónica cómo tenía el cuajo de responder que no sabía ni donde estaba su oficina, ni en qué consistía su trabajo ni con qué equipo echaba las horas en un puesto fantasma, como denuncian, creado por el gobierno autonómico de Extremadura para él.
El horizonte judicial es oscuro para este Sánchez y promete complicarse después de conocerse, como publicó el periódico El Debate, que mintió al declarar que vivía en Portugal para no pagar impuestos: estaba instalado nada más y nada menos que en el mismo Palacio de la Moncloa.
Allí, de paso, tuvo aparcada su autocaravana un año mientras su mujer usaba la ambulancia de Presidencia para ir al ginecólogo. Surrealista.
Los procesos judiciales contra el exministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, siguen su curso. El primero continúa libre y manda mensajes de cooperación con la justicia que en Ferraz (sede del PSOE) entienden como un aviso o amenaza de que no está dispuesto a caer sólo.
A su sucesor en el partido se le han acabado los recursos para salir de la cárcel de Soto del Real, -la de los ladrones de guante blanco de la política- y el miedo a que no resista y tenga la tentación de convertirse en un arrepentido es real.
Pero lo cierto es que, de momento, aguantan y no tiran de la manta que podría destapara la financiación ilegal del PSOE. Hacerlo supondría mandar a Pedro Sánchez al mismo banquillo.
El todavía fiscal general, Alvaro García Ortiz, ya tiene sala del Supremo adjudicada para enjuiciarle y salvo sorpresa, recusaciones, retiradas o una “inventada” para dinamitarla, el proceso seguirá también su curso.
De los siete jueces sólo dos creerían que no filtró a la prensa el acuerdo que González Amador quería hacer con Hacienda tras defraudar, entre unas cosas y otras, unos 300.000 euros. ¿Será capaz de sentarse en el banquillo como fiscal general del Estado o tirará la toalla antes? Las apuestas se suceden.
Al novio de Díaz Ayuso su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, le está saliendo demasiado cara.
La mayoría de los españoles que hacen trampas al Fisco pasan por el aro de las multas cuando les sorprenden y logran zanjar el tema con… más dinero.
Rara vez, por no decir nunca, alguno termina en la cárcel, pero no por 300.000 euros. Aunque este caso es diferente. A Sánchez le vale para atacar a su enemiga y dejar en un segundo plano lo suyo, lo de la “famiglia”, que vende como un ataque personal injustificado.
La vida para el empresario González Amador se ha convertido en un camino de espinas por enamorarse de la misma mujer que Sánchez odia tanto como Donald Trump a sus adversarios.
Pero el presidente del Gobierno tampoco está feliz. Sabe que el vendaval judicial no terminará y, en cuanto puede, huye a cualquier país donde le miren y le traten como si fuera el de antes.
Aún así, tanta escalerilla de avión le sirve para tomar algo de oxígeno, pero en cuanto pone un pie en España siempre le espera la realidad y esta, duele.