El cantante Julio Iglesias interpondrá una querella por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante el Tribunal Supremo. La decisión se ha tomado después de que la ministra se haya negado a retractarse de las declaraciones que realizó el pasado mes de enero vinculadas a una denuncia por presuntos abusos sexuales contra el artista, la cual ya fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Fracasa el acto de conciliación en los juzgados de Madrid
Los representantes legales de Julio Iglesias y de Yolanda Díaz estaban convocados este martes en un juzgado de Madrid para celebrar un acto de conciliación, un paso previo y obligatorio por ley antes de la interposición de una querella por este tipo de delitos.
Sin embargo, el encuentro legal ha concluido sin acuerdo. Según informaron fuentes jurídicas, la vicepresidenta segunda se ha negado a retractarse de los comentarios vertidos sobre el cantante al considerar que no han supuesto un daño reputacional ni al honor de Julio Iglesias, y al entender que en ningún momento se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.
El Tribunal Supremo asumirá la causa por la condición de aforada de la ministra
Al no haberse alcanzado una vía de conciliación entre las partes, el equipo jurídico del cantante procederá a formalizar la querella por los delitos de injurias y calumnias.
Debido a su condición de miembro del Gobierno y al estatus legal que esto conlleva, Yolanda Díaz se encuentra aforada. Por este motivo, el procedimiento penal no continuará en los juzgados ordinarios de instancia, sino que se presentará de forma directa ante la instancia judicial superior, el Tribunal Supremo español.
El origen del conflicto: unas declaraciones en redes sociales y televisión
La disputa jurídica se remonta al pasado mes de febrero, cuando Julio Iglesias presentó la demanda de conciliación tras una serie de pronunciamientos públicos de Díaz en el mes de enero. El origen de la queja se sitúa concretamente el 13 de enero, a raíz de una publicación de la ministra en la red social Bluesky, y al día siguiente, durante una entrevista televisiva en el programa La Hora de la 1 de RTVE.
En su perfil de Bluesky, la vicepresidenta segunda escribió: "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo".
El abogado del cantante sostiene en su escrito que Díaz, en su condición de alto cargo público del Estado, emitió ante la opinión pública "claros prejuicios de culpabilidad" contra Iglesias. Según la defensa, las manifestaciones de la ministra trasladaron de forma pública que en el domicilio del artista se cometían abusos sexuales, se mantenía a los empleados en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente sus derechos fundamentales.
Archivo de la denuncia original por parte de la Audiencia Nacional
La denuncia que motivó las declaraciones de la ministra de Trabajo fue interpuesta originalmente por dos exempleadas de Julio Iglesias. El relato de las trabajadoras, del que también se hizo eco el medio Univisión Noticias, acusaba al intérprete de presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.
No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decretó el archivo definitivo de la investigación abierta el pasado mes de enero. El Ministerio Público consideró que no se daban los requisitos legales para que la Justicia española pudiera investigar los hechos por una estricta falta de competencias territoriales, dado que las situaciones denunciadas se habrían cometido en países del Caribe.
Tras el cierre de dicha investigación y el fracaso de la vía amistosa intentada este martes, el cantante exigirá ante el Tribunal Supremo que la ministra reconozca el daño causado, rectifique públicamente sus manifestaciones y le abone una indemnización económica en función de la difusión y el alcance mediático que tuvieron sus palabras.
