El cantante Julio Iglesias ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita la denuncia interpuesta en su contra por presuntas agresiones sexuales cometidas contra dos exempleadas de su servicio doméstico, asegurando que es "insólito" que no disponga de una copia del documento.
En un escrito, la representación legal de Iglesias ha expresado que resulta una "paradoja" que el único interesado en conocer la denuncia sea el propio cantante, lo cual califican como "insólito" bajo el marco del "ordenamiento jurídico constitucional" de España.
Interés legítimo
La defensa del cantante sostiene que existe un "indudable interés legítimo" en conocer los detalles de la denuncia, presentada por una empleada doméstica y una fisioterapeuta que trabajaron para Iglesias. Ambas aseguran haber sido víctimas de tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente marcado por el control y el acoso continuo.
Fiscalía rechaza la presencia de Iglesias
Este nuevo escrito se produce tras la decisión de la Fiscalía de no permitir la presencia de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales, tal como lo solicitó su abogado. La defensa del cantante, sin embargo, considera que debería haberse permitido su personación para "dilucidar la ausencia de jurisdicción de la Audiencia Nacional", argumentando que es necesario defender su posición ante la difusión pública de la denuncia y la apertura de las diligencias.
La denuncia de las extrabajadoras
Según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, una de las exempleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante, describiendo situaciones de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las mujeres entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando una de ellas tenía 22 años.
La investigación, que ha durado tres años, se basa en entrevistas con 15 exempleadas del servicio doméstico y profesionales que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023, en propiedades de Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España.
Testimonios y pruebas
Las dos mujeres que afirman haber sufrido agresiones sexuales fueron entrevistadas en varias ocasiones a lo largo de más de un año, ofreciendo testimonios consistentes. Sus declaraciones han sido contrastadas con pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, informes médicos y otros documentos.
Según los testimonios, los hechos ocurrieron en las residencias de Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas). Las trabajadoras aseguran que estos encuentros ocurrieron con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal.
