El abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo de las diligencias preprocesales abiertas contra el cantante por una denuncia de presunto acoso y agresión sexual a dos empleadas, ocurrida en 2021 en República Dominicana y Bahamas, según consta en un escrito de 15 páginas.
Choclán sostiene que los tribunales españoles no tienen jurisdicción sobre los hechos, ya que las denunciantes no son españolas ni menores de edad, y Julio Iglesias tiene residencia habitual en República Dominicana. Por ello, considera que la denuncia debía haberse presentado ante la justicia de ese país.
Críticas a la elección de España como sede de la denuncia
El abogado cuestiona la motivación de presentar la denuncia en España, señalando que "les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión". Además, menciona que la organización Women's Link, que representa a las denunciantes, habría reconocido públicamente que eligió España por la mayor eficacia de la investigación.
Para Choclán, la Fiscalía no puede asumir el rol de “Fiscal Universal” ni permitir que las víctimas elijan a conveniencia la jurisdicción. Por ese motivo, solicita que se archive la investigación sin más trámite y se ponga fin a la “campaña mediática” que, según afirma, causa un grave daño reputacional a su representado.
"Ninguno de los delitos que incorpora la denuncia publicada pertenecen al repertorio de aquellas infracciones penales que pueden ser perseguidas por los tribunales españoles (...) y, además, también resulta notorio que las víctimas ni son españolas ni residen habitualmente en España. Y por ello, también es evidente los Tribunales españoles no tienen jurisdicción, tampoco competencia la Fiscalía, para perseguir los hechos que se han realizado fuera del territorio nacional por la sola condición de español del denunciado", indica.
Reclamo de acceso a la denuncia y participación en el proceso
Choclán también pide que se le permita personarse en las diligencias fiscales, pese a que no exista aún un proceso judicial abierto, con el objetivo de tener acceso a la denuncia y ejercer el derecho a la defensa. Sostiene que esto permitiría acreditar la falsedad de las imputaciones y defender el honor de Julio Iglesias.
Afirma que su cliente se enteró de las acusaciones por la prensa, en referencia a la publicación inicial del caso en eldiario.es, y denuncia la filtración de la denuncia y la exposición pública del caso sin que se haya garantizado la participación de la defensa en el proceso.
Críticas a la falta de reserva informativa en el caso
El escrito sostiene que, dado que las supuestas víctimas han divulgado públicamente su denuncia a través de entrevistas o comunicados, no puede alegarse la necesidad de confidencialidad. Choclán argumenta que se genera una “anómala situación procesal” al buscar protección mientras se mantiene una presencia activa en medios.
"Las supuestas víctimas no pueden pretender al mismo tiempo dar publicidad a su denuncia, concediendo entrevistas (en el supuesto de que lo hubieran hecho), y acto seguido invocar su necesidad de protección o reserva, lo que supondría una anómala situación procesal. Al haber convertido por su propia decisión el asunto en un caso de interés mediático, que suscita el debate público, y no haber mantenido la necesaria reserva, cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer", expone.
Finalmente, el abogado afirma que las diligencias del Ministerio Fiscal no pueden ser secretas por ley, salvo que existan indicios de criminalidad que justifiquen la apertura formal de un proceso penal.
