El Ministerio Público ha concluido que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar los hechos denunciados por las ex empleadas del cantante.
Julio Iglesias
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación iniciada el pasado 5 de enero, en la que se acusaba al cantante Julio Iglesias de agresión sexual y trata de seres humanos.
El Ministerio Público ha concluido que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar los hechos, que supuestamente ocurrieron en República Dominicana y Bahamas.
En su decreto, la Fiscalía ha argumentado que no existen los elementos de conexión necesarios para que los tribunales españoles puedan intervenir.
Entre los requisitos que no se cumplen, se encuentra el hecho de que las denunciantes no son residentes en España y los presuntos responsables -Julio Iglesias y dos trabajadoras de alto rango de sus mansiones- tampoco tienen residencia en el país. Además, se señala que los hechos denunciados tienen jurisdicción en los países donde ocurrieron.
La Fiscalía también ha resaltado que, aunque la denuncia incluye delitos que pueden ser perseguidos extraterritorialmente, como la trata de seres humanos y los previstos en el Convenio de Estambul, no se dan los requisitos materiales que permitirían que los tribunales españoles investiguen el caso.
Para ello, es necesario que las víctimas sean españolas o residan en España, que el investigado se encuentre en territorio español, o que haya una negativa de extradición. Ninguno de estos elementos se da en este caso.
El escrito de la Fiscalía también hace referencia a un precedente similar en la Audiencia Nacional, cuando se rechazó investigar delitos de tortura y lesa humanidad cometidos en Colombia, ya que los involucrados no tenían vínculos con España y el caso ya se encontraba en trámite en el país donde ocurrieron los hechos.
Antes de tomar esta decisión, la Fiscalía tomó declaración a las dos denunciantes, quienes afirmaron no tener vínculos personales o territoriales con España. Con base en esta información, el Ministerio Público concluyó que no se cumplen los requisitos establecidos en la legislación española para seguir adelante con la investigación.
La decisión de la Fiscalía no tiene efectos de cosa juzgada, lo que significa que las dos presuntas víctimas pueden presentar su denuncia directamente ante los tribunales de los países donde ocurrieron los hechos. Este aspecto se especifica en el último párrafo del decreto de la Fiscalía.