Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo ha desarticulado una red de 'call centers' fraudulentos repartidos entre Madrid y Fuenlabrada, donde mantenían a decenas de empleados en condiciones de precariedad. Además, siete personas fueron detenidas acusadas de delitos contra los derechos de los trabajadores.
La investigación reveló un sistema de trabajo basado en la explotación y la humillación diaria. Las personas que allí trabajaban, en su mayoría extranjeros sin permiso de trabajo legal, tenían jornadas que excedían los límites legales, sin derecho a vacaciones, descansos ni retribuciones justas. Los responsables se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de los empleados para imponer un régimen que les impedía reclamar sus derechos laborales básicos.
Un sistema de castigos y humillaciones públicas
La red utilizaba un ranking diario de productividad basado en las contrataciones logradas por cada operador. Aquellos trabajadores que quedaban en la última posición de la tabla eran sometidos a castigos físicos delante del resto de sus compañeros, como recibir tartazos en la cara. Este sistema de recompensas y castigos buscaba presionar a la plantilla para cumplir objetivos diarios de llamadas.
Además de la violencia física y psicológica, la organización mantenía a los empleados en una situación de desamparo legal absoluta. De los 48 trabajadores identificados, 31 eran extranjeros en situación irregular y 16 no figuraban de alta en la Seguridad Social, lo que les privaba de cualquier acceso a prestaciones sociales o cobertura médica en el país.
Estafas telefónicas y locales "nómades" cerca de Madrid
La actividad de estos centros de llamadas no era comercial, sino que estaban dedicados a estafar a particulares. Los operadores seguían un guion estricto para engañar a los ciudadanos y lograr que contrataran determinados productos o servicios. Para evitar ser detectados por la Policía, la organización movía continuamente a los trabajadores y los equipos de local, operando de forma itinerante en hasta 15 centros distintos.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha elogiado la actuación que ha permitido proteger a estas 48 personas. A través de la red social 'Bluesky', Díaz calificó las situaciones vividas como "humillantes" e instó a las víctimas de abusos similares a no guardar silencio y utilizar el buzón confidencial de la Inspección de Trabajo para denunciar cualquier irregularidad.
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48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir.La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial.www.europapress.es/madrid/notic...
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— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 9 de abril de 2026, 10:13
