Audiencia en Nueva York: el juez mantiene vivo el caso contra Maduro y aplaza decisión sobre quién paga la defensa

Estados Unidos, que desde 2019 desconoce a Nicolás Maduro como gobernante legítimo, mantiene un régimen de sanciones que restringe las operaciones y transacciones con Caracas. La única instancia capaz de autorizar excepciones es la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que puede emitir licencias especiales para habilitar pagos o liberar fondos.

De acuerdo con declaraciones recogidas por CNN, Pollack sostuvo ante el juez que sus clientes tienen derecho “no solo a una defensa competente, sino a una defensa de su elección, y al uso de fondos no contaminados para ese fin”. Recordó que ni Maduro ni Flores pueden cubrir los honorarios por su cuenta y que, por ello, el Estado venezolano debería sufragarlos.

La Fiscalía defendió con firmeza el bloqueo al uso de fondos venezolanos. “Los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela”, dijo el fiscal adjunto Kyle Wirshba, al advertir que permitirles acceder a esos recursos “socavaría las sanciones”.

El funcionario subrayó que Maduro y Flores conservan el derecho a emplear los recursos personales de que dispongan, pero no los de un tercero. “Tienen la posibilidad de usar sus propios fondos, o fondos conjuntos, para su defensa”, añadió, antes de recordar que ambos sabían que estaban sancionados y que no contaban con activos en Estados Unidos provenientes del Estado venezolano.

El fiscal defendió que las sanciones son un instrumento legítimo de política exterior y que la OFAC tiene entre sus funciones determinar si existen razones de seguridad nacional y política exterior que justifiquen el mantenimiento de las sanciones y “estas siguen vigentes”, dijo Wirshba. Pero el juez Hellerstein se mostró en desacuerdo: “El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional. No lo veo así”.

Hellerstein también preguntó en distintas ocasiones a los fiscales sobre la disponibilidad de otros fondos para pagar la defensa legal de Maduro y Flores. La audiencia culminó con cierto suspenso.

El juez rechazó desestimar los cargos por la disputa respecto al pago de la defensa, pero dejó abierta la posibilidad de reconsiderar esta decisión más adelante. “En este momento, sería un paso tan grave basado en hipótesis que no creo que debamos entrar en ello ahora”, afirmó.

“Espero dar a conocer mi decisión lo antes posible”, agregó, respecto a si el Estado venezolano podrá cubrir los costos de la defensa.

Las pruebas

Al mismo tiempo, el juicio avanzó hacia el procedimiento de revelación de pruebas, el llamado discovery, sobre el que está pendiente otra decisión del juez. La Fiscalía está obligada a entregar a la defensa las evidencias contra Maduro y Flores, pero la acusación se extiende a otras figuras relevantes en Venezuela: incluye a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior; Ramón Rodríguez Chacín, exgobernador; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario; y Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, señalado como líder del Tren de Aragua.

La Fiscalía solicitó una orden de protección y confidencialidad sobre el uso de las pruebas incluyendo que los abogados de Maduro y Flores puedan compartir el material con los otros cuatro acusados. La Fiscalía considera que si estos acusados acceden a las pruebas podrían utilizar la fuerza del Estado para actuar en contra de testigos.

Está por verse qué decidirá el juez al respecto.

Un historial de acusaciones

En la acusación presentada en enero de 2026 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Maduro enfrenta cuatro cargos centrales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, uso de armas en apoyo al narcotráfico y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados al tráfico de drogas. Su esposa, Cilia Flores, enfrenta los mismos cargos, excepto el último.

A Maduro se le acusa de narcoterrorismo por aliarse, junto a otros altos funcionarios, con grupos como las FARC, el ELN y el Cartel de Sinaloa para “para distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos”. El volumen del tráfico era de dimensiones industriales. Para 2020, el Departamento de Estado estimó que entre 200 y 250 toneladas de cocaína se movían cada año a través de Venezuela.

Los fiscales indican que Maduro se vinculó al tráfico de drogas antes de juramentarse en 2013 por primera vez como presidente de Venezuela. La acusación sostiene que “entre aproximadamente 2006 y 2008, mientras ejercía como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a individuos que sabía eran narcotraficantes”.

El esquema no se limitaba a documentos oficiales. Cuando los traficantes necesitaban mover dinero ilícito desde México hacia Venezuela, Maduro habría facilitado vuelos privados bajo cobertura diplomática.

La primera acusación contra Nicolás Maduro en el Tribunal de Distrito Federal de Manhattan se remonta a 2020, cuando los fiscales lo señalaron de haber convertido a Venezuela en un “narcoestado”. En ese mismo expediente fueron incluidos los generales Cliver Alcalá y Hugo “El Pollo” Carvajal, quienes terminaron admitiendo su responsabilidad.

Alcalá se entregó en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos y en abril de 2024 recibió una condena de 21 años de prisión tras declararse culpable de suministrar armas y apoyo material a las FARC, luego de que se retiraran los cargos directos de narcotráfico.

Carvajal, extraditado desde España, se declaró culpable en junio de 2025 de delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Su audiencia de sentencia aún no tiene fecha, lo que alimenta la presunción de que estaría colaborando con los fiscales a cambio de una reducción de pena.