En medio de las manifestaciones y bloqueos que han paralizado al país, el Congreso boliviano aprobó una reforma que faculta al presidente Rodrigo Paz a declarar el estado de excepción, habilitándolo a recurrir a las Fuerzas Armadas y restringir libertades para restaurar el orden.
Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba la capacidad del presidente para recurrir a este instrumento. Previamente había sido derogada por el Senado, de tal forma que Paz queda con la opción en sus manos.
Además de poder reforzar la acción de los cuerpos policiales con las Fuerzas Armadas, el estado de excepción puede limitar el tránsito y el derecho de reunión, esenciales para sostener las protestas en las calles.
Bolivia acumula cuatro semanas de conflictividad con marchas, protestas y bloqueos de vías encabezados por la Central Obrera, mineros, transportistas e indígenas. La geografía del país permite que el cierre de los caminos que conducen a La Paz, la capital, y sus alrededores impida el transporte de carga, generando desabastecimiento y escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
Lo que comenzó como reclamos por mejoras salariales, la mala calidad de los combustibles y el rechazo a una reforma de la ley de tierras derivó progresivamente en una crisis política marcada por el pedido de renuncia del presidente, quien apenas lleva seis meses en el cargo.
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El trasfondo es un severo desequilibrio económico: escasez de dólares, caída de las reservas internacionales e inflación acelerada en medio del alza de los combustibles por la guerra en Irán. Hasta ahora Paz ha intentado recurrir al diálogo para retomar la normalidad, pero la Central Obrera no ha respondido a la convocatoria.
El miércoles, mientras instalaba el Consejo Económico y Social —donde aspira a sentar en la mesa de negociación a los distintos sectores del país—, el mandatario hizo un llamado directo al líder de la Central Obrera, Mario Argollo.
“Argollo, que venga a hablar. Tienes que venir a hablar porque yo soy el presidente con el 55% del voto nacional”, afirmó. “No puedes botar presidentes porque se te da la gana. El voto se respeta y la Constitución también. Así nomás”, agregó.
La semana pasada, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de Argollo y otros dirigentes por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo. El ministro de la presidencia, José Luis Lupo, indicó a medios locales que se gestionarán una “serie de elementos que faciliten la presencia de todos los dirigentes que representan a las organizaciones movilizadas” a fin de facilitar el diálogo.
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Préstamo del FMI
Con su llegada al poder, Paz puso fin a dos décadas de gobiernos socialistas y aplicó reformas para equilibrar la economía mediante el recorte de subsidios a los combustibles, la liberación del mercado cambiario, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el regreso al mercado financiero con una emisión de bonos. Aunque los empresarios respaldaron la agenda, las protestas han desestabilizado al país.
A fin de enfrentar el malestar de la economía, Paz anunció que tramita con el FMI un programa de préstamos por el orden de 5.000 millones de dólares. “Con el FMI hemos avanzado en un acuerdo, no bajo la lógica de que nos van a imponer un plan; nosotros ya iniciamos nuestro propio plan de estabilización”, aseguró.
Además recordó que otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ya han aprobado créditos o los están evaluando, para inversiones en carreteras y para “relanzar” las empresas del Estado.
Según el mandatario, las pérdidas por los bloqueos de rutas rondan los 600 millones de dólares, sobre todo para las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por las manifestaciones, y consideró que el daño "es peor" que el que dejó la pandemia de la covid-19.
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Rodrigo Paz en el Consejo Económico y Social
EFE
La Defensoría
La Defensoría del Pueblo publicó un reporte en el que precisó las consecuencias de la violencia entre el 1 y el 24 de mayo: 321 personas arrestadas, 23 heridas y 7 fallecidas. El defensor, Pedro Callisaya, señaló en su cuenta de X que “la conflictividad deja huellas profundas en la vida cotidiana, en la salud y en la convivencia social. Sus consecuencias siguen presentes y latentes en distintos puntos del país”.
Según datos verificados por la Defensoría del Pueblo, con corte al 24 de mayo, de las 321 personas arrestadas, 221 fueron liberadas y 89 imputadas penalmente. Entre las personas heridas se encuentran tres policías, dos periodistas y 12 manifestantes.
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Puente aéreo
Los alimentos, el combustible y los suministros médicos escasean en La Paz y sus alrededores, lo que amenaza con paralizar por completo a la capital que desde el miércoles sumó a su lista de problemas un paro de transporte público que se ha cumplido de manera parcial.
Para enfrentar el cerco el gobierno puso en marcha un puente aéreo para transportar bienes básicos desde Santa Cruz a La Paz y El Alto. El viceministro de Comercio, Gustavo Serrano, dijo al diario La Razón que en el operativo intervienen aviones bolivianos con apoyo logístico del gobierno argentino. “En total, se realizan alrededor de seis vuelos diarios”, señaló.
Serrano aclaró que el costo del transporte aéreo lo asumen las empresas privadas, lo que inevitablemente se traslada al consumidor final e incrementa el precio de los productos.
“Tenemos hospitales que se están quedando sin insumos, hogares de niños y asilos de ancianos en situación crítica. Esperamos que lo antes posible se levanten los bloqueos para que la Bolivia mayoritaria, que quiere producir y trabajar, pueda volver a la normalidad”, recalcó.
