Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la opacidad y la falta de control sobre el dinero público se convirtieron en marca del sector petrolero y de distintos rincones del Estado. El informe de Transparencia Venezuela sobre bienes adquiridos en 21 países, decomisados y congelados a raíz de casos de corrupción, ofrece una muestra tangible del saqueo que ha sufrido el país.
A través del seguimiento de juicios en el extranjero, la ONG precisó la existencia de 719 bienes bajo control judicial, ya sea decomisados de manera definitiva o inmovilizados de forma preventiva por las autoridades competentes. En conjunto, representan 3.900 millones de dólares en yates, aviones, vehículos, joyas, caballos, inmuebles y cuentas bancarias.
Sede de Pdvsa, la petrolera estatal, uno de los centros de la corrupción
AP
“Autoridades de países como Estados Unidos, España, Suiza, Argentina y Colombia han señalado la participación de al menos 113 agentes, entre personas y empresas, en operaciones de lavado de dinero que comprometieron recursos públicos asignados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”, dice el informe.
Destaca el caso del extesorero de Venezuela y ex guardaespaldas de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien acumula 87 activos decomisados por las autoridades estadounidenses: 35 relojes,17 caballos, 15 vehículos, 9 cuentas bancarias, 6 sumas de dinero en efectivo y 5 inmuebles.
La ONG recuerda que Andrade se declaró culpable de participar como tesorero de la Nación en un esquema de sobornos por más de 1.000 millones de dólares, fue sentenciado a diez años de cárcel en 2018, pero logró rebajar el 65% de su condena al colaborar con la justicia y está en libertad desde febrero de 2024.
Alejandro Andrade un caso emblemático
Los casos de corrupción se han tejido a través de un abanico de prácticas: empresas de maletín que simulan contratos o préstamos, aprovechamiento del control de cambio, uso de testaferros, sobreprecios y sobornos para la asignación de contratos, y el desvío de fondos hacia cuentas bancarias en distintas jurisdicciones.
Recuperar lo robado
María Alejandra Márquez, fundadora de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV) en Estados Unidos, señaló en un foro organizado por Transparencia Venezuela que el verdadero desafío no es solo confiscar bienes, sino lograr que esos activos se conviertan en justicia para la población venezolana.
“Cuando hablamos de corrupción, hablamos de dinero robado y luego de dinero confiscado, pero el reto más grande es poder lograr que esos activos se vuelvan justicia en beneficio de la población de la que se robó”, afirmó.
Agregó que lograr este es un proceso complejo que “requiere participación activa de los países, pero además condiciones que Venezuela no está en capacidad de proveer: separación de poderes, transparencia, garantías de que el dinero no va a volver a la corrupción”. Ante esa limitación, la diáspora organizada en Estados Unidos ha buscado soluciones creativas.
Márquez destacó el impulso al proyecto de ley conocido como PANA Act, que propone la creación de un fondo especial en Estados Unidos para proteger los bienes recuperados y canalizarlos hacia Venezuela.
“Este fondo tendría cuatro propósitos fundamentales: fortalecer la reinstitucionalización y la gobernanza democrática, la defensa de los derechos humanos, el apoyo a la libertad de expresión en medios independientes y el combate a la corrupción”, explicó. Añadió que la iniciativa cuenta con apoyo bipartidista en el Congreso estadounidense y podría convertirse en un mecanismo clave para que parte del saqueo regrese en beneficio de los venezolanos.
El tablero legal
Guillermo Jorge, abogado especializado en prevención de lavado de activos, explicó que existen dos vías principales para la recuperación de activos. La primera supone que el Estado ejerza su propia jurisdicción: investiga la corrupción y solicita cooperación internacional a las naciones donde se presume que están las pruebas o los bienes. “Evidentemente, para esto hace falta voluntad del Ministerio Público venezolano”, advirtió Jorge.
La segunda vía es la llamada recuperación directa: el país litiga en la jurisdicción donde se encuentran los activos. “Si hay una cuenta en Suiza, el país se presenta como potencial víctima de lavado de dinero y litiga allí, sea en un procedimiento civil o en un decomiso dentro de un proceso penal”, explicó. Este camino, sin embargo, también requiere representación judicial en el exterior y voluntad política del Estado afectado.
Señaló que un obstáculo clave en la recuperación de activos venezolanos es el problema de quién puede representar jurídicamente al país en los litigios internacionales. “Hay un problema fundamental ahora, que es el problema del standing, es el problema de quién puede representar al pueblo venezolano en una situación jurídica en la que a lo mejor el gobierno venezolano tiene interés en algunos casos, en otros no”, advirtió Jorge.
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, indicó que la recuperación de activos enfrenta un obstáculo adicional: cada país aplica sus propias reglas y usos a los bienes incautados. Eso significa que muchos de los bienes que los venezolanos esperan ver regresar para atender la crisis ya han sido destinados a otros fines. En Colombia, por ejemplo, algunos fueron utilizados para construir escuelas.
De Freitas advirtió que solo con instituciones legítimas y una justicia independiente será posible definir prioridades y garantizar que esos recursos beneficien realmente a los venezolanos.
