"El control económico es la moneda con la que se compra la lealtad militar, y el mismo aparato que recauda rentas financia y ejecuta la represión". Así lo señala el documento Ejércitos dueños de economías: la captura militar comercial en Cuba y Venezuela, elaborado por el Centro Miranda que dirige David Smolansky, integrante del equipo de la opositora venezolana María Corina Machado en Washington.
El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel junto al ministro de Defensa y el ministro del Interior
EFE
“Las consecuencias van mucho más allá de la ineficiencia: mercados cerrados, corrupción sistémica, riqueza nacional desviada hacia estructuras opacas y unas fuerzas armadas con la capacidad material de moldear resultados políticos”, subraya el informe.
Poder a la sombra
Tras el colapso de la Unión Soviética en los años noventa, la isla perdió a su principal sostén y el gobierno no tuvo más remedio que abrirse al turismo y a las remesas. Con la creación de Gaesa, sin embargo, el régimen se aseguró el control de los sectores más lucrativos y estratégicos. A partir de 2008, su expansión se aceleró cuando el entonces presidente Raúl Castro decidió que los militares podían manejar las empresas con mayor eficacia que el resto del Estado.
Bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el tejido empresarial de Gaesa atraviesa sectores como turismo, banca, comercio exterior, remesas, combustible y logística portuaria.
No publica balances, se desconoce cuánto transfiere al Estado y la composición accionaria. Filtraciones y distintas fuentes apuntan a que en 2024 manejaba activos por 17.900 millones de dólares, incluidos más de 14.400 millones en cuentas bancarias, una suma superior a las reservas internacionales de Ecuador, Paraguay o República Dominicana.
Valla con la imagen de Raúl Castro cuando fue presidente
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Su núcleo de dirección estaría compuesto por menos de 15 personas, todas cercanas a la familia Castro. La expansión del conglomerado se vinculó directamente al flujo de subsidios petroleros venezolanos, que desde 2000 sumaron más de 63.800 millones de dólares transferidos a la isla.
En medio de la presión de Estados Unidos, que amenazó con aplicar aranceles a los países que vendan petróleo al Estado cubano, el régimen autorizó la importación de combustible a través de pequeñas empresas privadas en la isla, no obstante, la liberalización del mercado energético no desmanteló el sistema, lo disfrazó, explica el informe.
Una investigación de CubaNet publicada en 2026 reveló que las empresas autorizadas para importar combustible estaban vinculadas a Gaesa, a ministerios del gobierno o a testaferros de la familia Castro. Su conclusión fue inequívoca: “Gaesa no ha renunciado a su monopolio”.
La corporación
En Venezuela, el Ministerio de la Defensa dejó de funcionar como una institución convencional y se transformó en un conglomerado económico integrado. El informe señala que controla directamente sectores como servicios financieros, industrias extractivas y mercados de consumo, reproduciendo la lógica de Gaesa en Cuba pero con una arquitectura más dispersa.
Nicolás Maduro y Padrino López quien fue ministro de Defensa por 12 años
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La penetración comienza en las finanzas: el Ministerio maneja bancos y aseguradoras que concentran nóminas, pensiones y seguros de salud de los militares, creando un circuito monetario autónomo.
La segunda capa abarca los recursos estratégicos: petróleo y oro, con licencias en el Arco Minero del Orinoco y contratos para rehabilitar pozos de Pdvsa, la petrolera estatal. La tercera se extiende a los mercados de consumo, con producción agrícola, transporte, manufactura y bienes cotidianos, desde textiles hasta electrodomésticos.
“Además, al menos 103 oficiales militares han ocupado puestos en juntas directivas de empresas estatales, muchas de ellas expropiadas bajo Chávez y Maduro”, señala el Centro Miranda.
Permitir la transición
El estudio advierte que la captura económica no es un producto de la corrupción, sino el mecanismo de supervivencia del régimen. El mismo aparato que extrae las rentas financia y ejecuta la represión, de modo que desmantelar el modelo económico y restaurar la gobernanza democrática son una sola tarea.
La experiencia cubana muestra que una liberalización nominal reconstituyó el control militar a través de testaferros en un solo ciclo. Sin condiciones exigibles, el sistema venezolano podría adaptarse de la misma manera.
“Desmantelar Gaesa y el esquema económico-militar de Venezuela es una condición para una transición creíble”, señala el documento, que advierte que unas fuerzas armadas dueñas de bancos, minas y mercados de consumo no necesitan dar un golpe de Estado: pueden comprar su supervivencia política.
“La salida de Maduro el 3 de enero de 2026 abrió una ventana en Venezuela que podría volver a cerrarse a menos que esta arquitectura sea desmantelada junto con el gobierno que la sostuvo”, destaca el Centro Miranda.
Ambos aparatos, el cubano y el venezolano, operan mediante estructuras offshore en Panamá, España, Luxemburgo, Turquía y Suiza, lo que refuerza la conclusión del informe: ninguno puede desmontarse solo con acción interna.
El desmontaje
El Centro advierte que la supuesta liberalización de las importaciones de combustible no fue una apertura real, sino una reproducción del control de Gaesa a través de empresas fachada. Por eso advierte que una liberalización que no desmantela los monopolios militares no debe tratarse como reforma.
Estación de combustible en Cuba
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Una apertura genuina requiere la salida de Gaesa de los sectores que controla, no su cambio de imagen, añade. En este sentido el documento recomienda mantener y profundizar el escrutinio selectivo de las entidades vinculadas al conglomerado y de las personas detrás de ellas, además de emitir advertencias formales de inversión que alerten a inversionistas e instituciones financieras sobre los riesgos estructurales de cualquier relación comercial con Gaesa.
En cuanto a Venezuela el Centro Miranda indica que la rendición de cuentas debe centrarse en los altos mandos militares que ocuparon puestos dentro del aparato económico-comercial. El brazo dedicado a la minería merece especial atención por sus operaciones extractivas en zonas donde se ha documentado la presencia de grupos armados ilegales como el ELN.
Añade que la comunidad internacional debería presionar por la revocación de sus licencias, la transferencia de sus operaciones mineras a entidades civiles mediante procesos transparentes y su eventual disolución en el marco de una reforma más amplia.
El documento recomienda además excluir legalmente al Ministerio de Defensa de toda actividad comercial ajena a la defensa nacional, para dar certeza y transparencia a la inversión extranjera. Señala que este entorno en que los militares operan bancos, aseguradoras, granjas, fábricas y medios de comunicación, es incompatible con una economía de mercado funcional.
Finalmente, sostiene que las empresas privadas que se integraron voluntariamente al aparato militar-comercial deben enfrentar consecuencias concretas a través de alertas de riesgo a los inversionistas internacionales y las entidades financieras.