Bajo la estrategia de forzar cambios políticos en Cuba, la administración de Donald Trump amplió las sanciones contra el régimen de La Habana poniendo el foco en el aparato militar de la isla. El Departamento de Estado incluyó en la lista a cinco empresas vinculadas a la adquisición de armamento y a ocho funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, Álvaro López Miera.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en un comunicado que las medidas buscan “proteger nuestra seguridad nacional sancionando a entidades e individuos que facilitan las relaciones militares de La Habana y los envíos de armas al régimen cubano”.
Álvaro López Miera ministro de Defensa de Cuba
EFE
Añadió que Washington “no tolerará un Estado rebelde que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a solo noventa millas del territorio estadounidense”. En este sentido, subrayó que la isla “sirve como plataforma para que otros adversarios de Estados Unidos —como Rusia, China e Irán— lleven a cabo operaciones contra nuestro país”.
En el foco de la sanción está aumentar las limitaciones para el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), un conglomerado en manos de militares que controla cerca del 40% del PIB de Cuba y concentra las operaciones de importación y exportación.
“Las instituciones militares y de inteligencia de Cuba son también los principales ejecutores de la represión interna y nodos de cleptocracia, en particular a través de Gaesa”, señaló Rubio.
Entre las entidades sancionadas figuran dos subsidiarias de Gaesa. La Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (Tecnoimport) que se dedica a la importación de equipos técnicos, incluidos armamentos adquiridos en nombre del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con operaciones documentadas con Rusia y China.
Por su parte, la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados S.A. (Tecnotex) participa en la importación y exportación de equipos, tecnología y materiales de construcción, y sirve directamente a los sectores de defensa y seguridad de la isla.
La sanción también alcanza a tres compañías del sector militar cubano. Duna, vinculada a la importación de equipos militares desde Rusia y China. La Unión de Industria Militar, responsable de la producción y reparación de armas y sistemas de defensa. Además, impacta a la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, dedicada al mantenimiento y reparación de aeronaves.
Las sanciones de Washington se traducen en que bancos y compañías extranjeras cortan vínculos con las empresas afectadas para evitar riesgos en sus operaciones dentro de Estados Unidos.
Entre los funcionarios sancionados por Estados Unidos se encuentran además del ministro de Defensa el jefe de Estado Mayor, Roberto Legrá Sotolongo. Asimismo, fueron señalados el responsable de relaciones exteriores del Ministerio de Defensa, José Antonio Remón, y su director económico, Oscar Enrique Biosca Gallego.
El turismo
Esta nueva ronda de sanciones se suma a las medidas que han golpeado la economía de la isla. Washington ha amenazado con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba generando una severa escasez de combustible.
Además la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados al Ministerio de Turismo de Cuba limitando las posibilidades de que opere con bancos, aseguradoras y, en general, compañías extranjeras —estadounidenses o de otros países— que no querrán poner en riesgo sus negocios en EEUU.
Este paso intensificó el cerco sobre un sector que ya emitía señales de alarma. En los primeros cinco meses de este año, según cifras oficiales, el número de visitantes a la isla se redujo 58%, arrastrado sobre todo por la caída de turistas provenientes de Canadá, Estados Unidos y Rusia.
El rápido descenso en la llegada de turistas ha desencadenado una serie de efectos que profundizan la fragilidad de la economía: menor consumo en restaurantes, hoteles y paseos, caída en la actividad de agencias de viajes y, como consecuencia, un declive en un sector que en 2024 aportó 1.293 millones de dólares a Cuba.
Las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar, junto con la canadiense Blue Diamond y la asiática Aston, anunciaron el cese de operaciones en al menos 49 hoteles. Al mismo tiempo, aerolíneas como Air Canada y Air France suspendieron sus vuelos a La Habana. A ello se suman Visa y Mastercard, que interrumpieron sus servicios en la isla, mientras la canadiense Sherritt —socia de empresas cubanas en plantas de níquel, cobalto y gas— decidió poner fin a sus operaciones.
Las reformas
En un intento por contener su peor crisis en la historia contemporánea, en junio el gobierno cubano aprobó un plan de 176 medidas “urgentes” para ampliar la presencia del capital privado y atraer inversión extranjera, en lo que se perfila como el mayor giro desde que la Revolución tomó el poder en los años sesenta.
Las reformas reducirían las áreas de la economía en las que se prohíbe la participación de empresas privadas, les permitirían importar y exportar con mayor libertad y atraer inversión extranjera. Por primera vez, los emprendedores podrían contratar a más de 100 empleados y ser propietarios de varias firmas.
Analistas consideran que la idea de impulsar un giro hacia un sistema con mayor presencia del mercado y menos control del Estado aparece como un objetivo difícil de alcanzar bajo el peso de las sanciones de Washington. A ello se suma que las reformas enfrentan un serio problema de credibilidad: Cuba carece de divisas, de Estado de derecho y de capacidad institucional.
