Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y militante de Morena, el partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, anunció que se aparta temporalmente del cargo para facilitar las investigaciones de la fiscalía mexicana.
La decisión llega después de que la fiscalía de Nueva York lo acusara, junto a otros nueve funcionarios, de desempeñar un papel clave en el apoyo al Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador”, expresó Rocha Moya en un mensaje difundido a través de YouTube.
El anuncio se produjo pocas horas después de que la Fiscalía General de la República rechazara las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Washington contra el mandatario estatal y los otros nueve implicados, al considerar que no existían motivos ni fundamentos que justificaran la urgencia de la medida.
“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco”, afirmó Rocha Moya en un mensaje en las redes sociales, a la vez que insistió en su inocencia y sostuvo que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”.
Según la acusación, algunas de las personas citadas han participado personalmente en la campaña de violencia y represalias del Cártel de Sinaloa.
La acusación alega que estaban estrechamente vinculados a la facción de ese cártel conocida como “Los Chapitos”, dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el antiguo líder del cártel que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.
Joaquin ‘El Chapo’ Guzman. AP.webp
Entre los acusados también figura Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, quien también comunicó que deja su cargo de manera temporal.
Tanto Rocha Moya como Gámez perdieron la inmunidad que los protegía para no ser procesados, destacó el sábado en su cuenta de X el coordinador político del gobierno federal y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, y precisó que una persona que ya no ejerce una función pública “puede ser detenida”.
El Congreso del estado mexicano de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, minutos después de aprobar por unanimidad la licencia temporal solicitada por Rocha Moya.
Otro de los acusados, el senador oficialista Enrique Inzunza, dijo el sábado en su cuenta de la red social que seguirá ejerciendo como congresista para enfrentar las “imputaciones falsas y dolosas”, y que acudirá a las citaciones que le formulen las autoridades mexicanas.
Sheinbaum responde
La denuncia contra Rocha Moya ha sacudido al gobierno de Claudia Sheinbaum y a su partido Morena, pues es la primera vez que un gobernador o un senador en funciones enfrenta acusaciones judiciales de vínculos con el narcotráfico.
El jueves, la presidenta rechazó de manera tajante los señalamientos y exigió a Estados Unidos presentar pruebas “irrefutables”.
Ya el viernes, durante un acto público en Chiapas, Sheinbaum advirtió que no permitirá que gobiernos extranjeros vulneren la soberanía mexicana, aunque evitó mencionar directamente a Washington o al caso de Sinaloa.
“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios”, subrayó.
La fiscalía mexicana anunció que no ejecutará las detenciones provisionales de los funcionarios mexicanos que solicitó Estados Unidos dado que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia” para la medida cautelar.
Al abundar sobre la decisión, el titular de la fiscalía especializada de control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, dijo el viernes que “no existen pruebas” en los documentos que enviaron las autoridades estadounidenses que acrediten un presunto delito para otorgar la medida de detención provisional.
Jiménez Vázquez anunció que la cancillería mexicana solicitará a Estados Unidos las pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad.
