En medio de las protestas y bloqueos que han aislado a La Paz, la capital, del suministro de productos básicos, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley de Estado de excepción, ya sancionada por el Congreso, que lo habilita a emplear al Ejército en el desbloqueo de carreteras.
Sectores empresariales y políticos reclaman que se aplique el estado de excepción para frenar unas protestas que ya cumplen 38 días y han dejado 10 fallecidos —la mayoría por falta de auxilio médico—, 37 heridos y 365 detenidos, según la Defensoría del Pueblo. La empresa privada calcula pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares.
El sábado el conflicto escaló con violentos choques y ataques armados contra las fuerzas del orden, que con equipos antimotines intentaban despejar una carretera estratégica en el oriente, tomada por simpatizantes del expresidente Evo Morales.
De acuerdo con la información oficial 26 civiles y seis policías resultaron heridos, cuatro por impactos de bala, y una comisaría fue saqueada. La policía informó de la incautación de dinero y explosivos. Algunos dirigentes de las protestas fueron detenidos.
Lo que comenzó como reclamos por mejoras salariales, la mala calidad de los combustibles y el rechazo a una reforma de la ley de tierras derivó progresivamente en una crisis política marcada por el pedido de renuncia del presidente, quien apenas lleva seis meses en el cargo.
El trasfondo es un severo desequilibrio económico: escasez de dólares, caída de las reservas internacionales e inflación acelerada en medio del alza de los combustibles por la guerra en Irán. Hasta ahora Paz ha intentado recurrir al diálogo para retomar la normalidad, pero la Central Obrera no ha respondido a la convocatoria.
La semana comenzó con 84 puntos de bloqueo en carreteras de seis departamentos, largas filas de vehículos en La Paz por la escasez de combustible y aumentos en el precio de los alimentos debido al creciente desabastecimiento. Según cifras oficiales, en mayo el tomate se encareció 57%, la zanahoria 42% y las carnes de pollo y res 6,73% y 8,57%, respectivamente.
El narcoterrorismo
El presidente promulgó la Ley en el palacio de gobierno en un acto al que asistieron las autoridades de las Fuerzas Armadas y la policía. Paz vinculó las protestas al “narcoterrorismo” y advirtió: “Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías bajo aquellos que no quieren atacar e irrumpir este proceso democrático. A los violentos, a los narcoterroristas sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley”.
Reiteró que el país se enfrenta a “un narcoterrorismo que está haciendo daño y que en las últimas semanas hemos visto claros ataques a ciudades y a regiones del país, como nuestro altiplano, como nuestra querida La Paz o El Alto” además se refirió a “ciertos sectores que no son favorables a nuestra democracia, a nuestra Constitución y al desarrollo libre de la patria, priorizan sus intereses por encima de la sociedad boliviana”.
A las Fuerzas Armadas les indicó que “tienen que actuar con firmeza, con profesionalismo, respetando derechos humanos, pero por sobre todo respetando nuestra Constitución” y añadió que “esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo porque tenemos que retomar la normalidad”.
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, "gozarán de presunción de legalidad" y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Este tema fue uno de los más debatidos en el Congreso.
"Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos", dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
El artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto.
El gobierno ha señalado al expresidente Evo Morales de estar detrás de las protestas. Morales, prófugo por un caso de trata de una menor que él rechaza, calificó en una reciente entrevista con la AFP que la convulsión es una "rebelión" contra un gobierno "sometido" por la administración de Donald Trump.
El apoyo de Washington
La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos ofreció apoyo a Rodrigo Paz, quien asumió la conducción de Bolivia en noviembre de 2025 tras derrotar en las urnas al partido socialista de Evo Morales, que se mantuvo en el poder durante dos décadas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se comunicó telefónicamente con el presidente boliviano. Rubio le reafirmó "el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia en Bolivia y al Gobierno de Paz en su labor de reconstrucción del país tras veinte años de políticas socialistas fallidas", informó el portavoz Tommy Pigot en un comunicado del Departamento de Estado.
El jefe de la diplomacia estadounidense anunció que Estados Unidos está intensificando la ayuda de emergencia y el apoyo a operaciones logísticas en medio de la escasez de alimentos y medicamentos a partir de los bloqueos, que calificó de intentos de "desestabilizar la sociedad boliviana".
"La administración Trump seguirá apoyando a Bolivia en su labor por alcanzar la estabilidad, la seguridad y un futuro mejor para todos los bolivianos", indicó la declaración.
