El presidente boliviano Rodrigo Paz envió al Congreso un proyecto de ley para reglamentar el estado de excepción, que le permitiría recurrir a las Fuerzas Armadas frente a la ola de protestas que mantiene paralizado al país desde el 1 de mayo. En paralelo, reemplazó al ministro de Defensa tras la renuncia de Marcelo Salinas e insistió en llamar al diálogo a los líderes de las manifestaciones.
Paz aseguró que el instrumento fue elaborado “bajo la lógica de acción humanitaria, todo lo que haga la Policía y las Fuerzas Armadas será acción humanitaria”, con el mandato de evitar “interpretaciones arbitrarias” de lo que definió como una herramienta constitucional.
La semana pasada, el Congreso eliminó la norma que limitaba la capacidad del presidente para recurrir al estado de excepción, dejando en manos del mandatario la facultad de declararlo en momentos en que el bloqueo de carreteras se ha convertido en un cerco sobre La Paz, la capital del país, y El Alto, la ciudad vecina. La escasez de alimentos, medicinas y combustible se ha agravado en los últimos días.
Bolivia acumula cinco semanas de conflictividad con marchas, protestas y bloqueos de vías encabezados por la Central Obrera, mineros, transportistas e indígenas. La geografía del país permite que el cierre de los caminos que conducen a La Paz, la capital, y sus alrededores impida el transporte de carga, generando desabastecimiento y escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
De acuerdo con el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras el miércoles Bolivia sufría 79 bloqueos de vías. Según el gobierno, hay siete fallecidos por no recibir atención médica oportuna.
Lo que comenzó como reclamos por mejoras salariales, la mala calidad de los combustibles y el rechazo a una reforma de la ley de tierras derivó progresivamente en una crisis política marcada por el pedido de renuncia del presidente, quien apenas lleva seis meses en el cargo.
El trasfondo es un severo desequilibrio económico: escasez de dólares, caída de las reservas internacionales e inflación acelerada en medio del alza de los combustibles por la guerra en Irán. Hasta ahora Paz ha intentado recurrir al diálogo para retomar la normalidad, pero la Central Obrera no ha respondido a la convocatoria.
La justicia boliviana anuló las órdenes de captura que pesaban contra el líder de la Central Obrera, Mario Argollo, y otro dirigente sindical. Después de este paso el gobierno esperaba poder iniciar las conversaciones que cuentan con la Iglesia católica como mediadora, pero la respuesta ha sido mantener el conflicto.
Cambio en Defensa
Paz designó como nuevo ministro de Defensa a Ernesto Justiniano quien se desempeñaba como zar antidrogas. “Bolivia necesita diálogo, sí, pero también necesita salud, trabajo, circulación, abastecimiento, seguridad y tranquilidad”, afirmó Justiniano al asumir el cargo.
“Cuando se bloquean rutas estratégicas, cuando se impide el abastecimiento y cuando se debilita la autoridad pública, no solamente se castiga a la población, también se abren espacios para el narcotráfico, el financiamiento criminal y organizaciones transnacionales que buscan aprovechar cualquier vacío de autoridad”, agregó.
En este sentido el presidente Paz afirmó que sectores ligados al narcotráfico están relacionados con las protestas. “No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos”, afirmó.
La protesta es una de las más largas desde la convulsión social que derivó en 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales luego de unas elecciones denunciadas de fraudulentas. Su sucesor Luis Arce enfrentó un paro de 36 días.
Emergencia sanitaria
Las autoridades de La Paz declararon la emergencia sanitaria y humanitaria ante la escasez de suministros médicos. La medida busca priorizar el suministro de oxígeno a hospitales y centros de salud, así como coordinar la apertura de un corredor humanitario.
“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, dijo previamente el director del Servicio Departamental de Salud, Martín Carrasco. Agregó que se reprogramarán entre 50 a 60 intervenciones quirúrgicas.
La directora del Hospital de la Mujer, Jhanet Aliaga, aseguró a The Associated Press que gracias a esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno pero que sólo les alcanzará para dos a tres días.
Algunos avances
En las últimas horas el gobierno ha logrado despejar algunas vías. Una fuerza combinada de 500 policías y 500 militares logró despejar el paso hacia el occidente del país desde Cochabamba, eliminando un bloqueo que provocó graves pérdidas a productores agrícolas y al transporte.
Asimismo la Policía desalojó a un grupo de manifestantes que había tomado el 2 de junio la planta de hidrocarburos Humberto Suárez Roca ubicada en el departamento de Santa Cruz.
Grupos de hombres encapuchados y armados con piedras y palos se habían hecho con el control de la instalación, cerrando las válvulas del pozo, con lo que las autoridades de hidrocarburos anticipan graves pérdidas, por el manejo inadecuado de la instalación. Los protestantes demandaban la renuncia de Paz como condición para desalojar la planta.
La semana pasada Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, informó que los bloqueos han ocasionado pérdidas al sector por el orden de 1.680 millones de dólares por la caída de la producción, ocasionada por la falta de insumos que no llegan a las plantas, y la imposibilidad de distribuir mercancía.
Con información de agencias.
